Para el especialista, el Gobierno ahuyenta al turismo y a la inversión extranjera al hablar de terrorismo.
Fredy Rivera, especialista en seguridad y docente universitario, señaló que nombrar a dos generales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas para impulsar políticas de seguridad, es parte de la demagogia punitiva de un Gobierno deslegitimado que busca esconder la penetración del crimen organizado en las más altas esferas.
También aceptó que Paco Moncayo y Wagner Bravo tienen acogida por su trayectoria, liderazgo y experiencia, sobre todo quien fue asambleísta y alcalde de Quito. Sin embargo a Rivera le parece que ambos están ligados a la vieja doctrina militar que no se asemeja a la realidad actual, por lo que van a encontrar unas Fuerzas Armadas penetradas por el crimen organizado.
“No desprecio su voluntad, pero sus herramientas son caducas y además llegan a ser parte de un Gobierno deslegitimado”, insistió.
Para Rivera, el régimen es parte de las estructuras criminales y esto se denota en los datos que arroja el Observatorio Ecuatoriano que revisa la calidad de sentencias sobre lavado de activos, en las que resultados son mínimos si se compara con Perú o Colombia.
“El número de sentencias para afectar el patrimonio criminal es bajísimo”.
Rivera también se pregunta qué pasó con el autoatentado al radar de Montecristi o la supuesta implementación de escáneres en tres puertos de Guayaquil, por donde sale el 68% de los decomisos de cocaína al exterior, especialmente a Europa.
“Cuando un Gobierno es parte de las estructuras criminales, lo más lógico es la compra de gente en la Asamblea. No llamar a rendición de cuentas a gente de Inteligencia. Que se haga el loco a la ineficiencia de la Unidad de Análisis Financiero o que no llame a control a la gente del SRI que tiene la misión de hacer seguimiento al lavado de activos”.
Aseveró que esta penetración se encuentra en todas las esferas del Estado, pues no se puede perder de vista a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Fiscalía, sistema judicial, fuerzas del orden, entre otros.
Ejemplificó con el caso de la minería ilegal, cuya actividad permite también el lavado dinero y que no podría desarrollarse sin complicidad de municipios y prefecturas.
A criterio de Rivera, el Gobierno intenta lavarse la cara a nivel internacional sin darse cuenta que se está disparando al pie, pues al declarar que existe terrorismo en el país está ahuyentando la inversión extranjera y el mismo turismo.