El segundo mandatario fue abordado por un grupo de indígenas durante un evento en Colta.
Punto Noticias.- Para el Gobierno, el informe de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) no es un fallo, sino un documento que recoge 11 recomendaciones ante los hechos registrados durante las protestas de octubre y al cual ya se habría dado respuesta.
Luego de un evento en Colta, provincia de Chimborazo, en el que se entregaron más de 54 millones de dólares para infraestructura educativa, alcantarillado y créditos productivos a emprendedores, el segundo mandatario fue abordado por un grupo de indígenas que le cuestionaron por lo sucedido en octubre.
Un dirigente de la zona exigió al vicepresidente que se determine como política pública la reparación de daños a los familiares de los que murieron en las manifestaciones.
A este asunto, el vicepresidente respondió que “las personas que han muerto tienen todos los derechos legales para recibir asistencia”.
Añadió que es un tema que preocupa a todos porque en esas jornadas se registraron abusos de la gente que salió a manifestar. “Hubo policías atacados, incendiados, quemados, enfermos en ambulancia que no los dejaron llegar a los hospitales, edificios destruidos, gente sin agua y amenazada con actos de violencia”, expresó.
Dijo que si al poner orden se cometieron excesos por parte de la fuerza pública, los afectados tienen derechos legales y por tanto deben acudir a la justicia. Pero, aclaró que el Estado tiene la obligación que también se sancione a quienes incumplieron la ley. “En ese plano nos vamos a entender, en otro plano no”, sostuvo.
Estas declaraciones las hizo en un momento en que la gente le reclamaba por esta situación y el vicepresidente pidió respeto para poder hablar.
Fuente: Twitter, redes sociales