La organización hizo un recuento de la falta de acción oportuna por parte del gobierno nacional en estas materias.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), en su publicación anual, aseguró que en el Ecuador se ha negado el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a los pueblos indígenas afectados por derrames de petróleo en la Amazonía y que en muchos casos, han sido injustamente procesados judicialmente por reclamar una reparación, pero además ha hecho un inciso sobre la violencia en las cárceles y la vulneración de los derechos de las mujeres, dedicando todo un capítulo en el documento sobre la preocupante situación del país.
En el caso de las comunidades indígenas, se tomó en cuenta un derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 en la selva amazónica, producto de la ruptura de las principales tuberías de los oleoductos ecuatorianos por el derrumbe producido por un proceso de erosión regresiva en la zona del volcán Reventador, y que generaron una importante contaminación en los ríos Coca y Napo, principales afluentes del líquido vital para las comunidades y todas sus actividades cotidianas.
Aquí se señaló que el gobierno no brindó una atención oportuna para salvaguardar la salud y los derechos de acceso a agua limpia a las comunidades, ni se realizó una correcta sociabilización de la situación emergente, por lo que en muchos casos se puso en peligro la salud de la población y que además , para el 2021, las autoridades ecuatorianas no habían diseñado ni aplicado una política nacional para la protección de los defensores de derechos humanos en peligro, que protestaron ante estas irregularidades y violaciones de los derechos civiles, y que incluso fueron procesados por, supuestamente, haber puesto en peligro la integridad de un juez, que había rechazado una petición de medidas cautelares presentada por los acusados en nombre de las comunidades afectadas por el derrame petrolero.
En el apartado dedicado a la crisis carcelaria, el informe hizo un recuento de las 316 muertes registradas durante los enfrentamientos entre bandas rivales dentro de las cárceles, explicando que 79 habían tenido lugar el 26 de febrero de 2021; 119 el 28 de septiembre, y 62 entre el 12 y 13 de noviembre. Siendo enfáticos en que el proceso para superar la crisis carcelaria, aún no ha tenido resultados.
«Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa»; explicó la organización internacional, responsabilizando al gobierno ecuatoriano por la falta de acciones puntuales y oportunas que pudieron haber evitado estas masacres de carácter violento y sádico que dieron la vuelta al mundo con imágenes publicadas en redes sociales.
Finalmente, el informe hizo una mención a la importancia del accionar de la Corte Constitucional, la cual en abril del año pasado, despenalizó el aborto en un caso de violación, pero mostró su preocupación debito a que el presidente vetó parcialmente la ley para regular el aborto, y lo catalogó como un hecho regresivo en derechos de la mujer y cerró el informe recordando que hasta el momento, ninguno de los agentes involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones de octubre de 2019 han sido investigados.
Redacción: Ángel Cóndor