Nosotros pedimos una reunión con el mandatario en septiembre de 2021 y no nos ha respondido, incluso ya dieron de baja la solicitud, agregó.
Ricardo Rivas, hermano del foto periodista Paúl Rivas, reconoció que el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, ante un medio de comunicación internacional, de que desclasificará la información sobre los periodistas de diario El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera norte, tomo por sorpresa e incluso, dijo, crea un escenario de escepticismo, pues aquello ya se ofreció en dos ocasiones anteriores y no ha pasado nada.
Rivas espera que este Gobierno no sea como el antecesor manejado por Lenín Moreno, quien en siete ocasiones aseguro públicamente que entregaría toda la documentación y al final de su gestión envió un oficio apuntando que no se puede desclasificar por motivos de seguridad nacional: “Lo que llamó la atención porque el grupo fue desarticulado, su cabecilla fue muerto en Colombia y los otros están detenidos”.
“En esta ocasión es la tercera vez que (el Presidente Lasso) anuncia el particular”.
Indicó que la primera vez que el Jefe de Estado se refirió al tema fue en septiembre de 2021, la segunda cuando se comprometió con el asambleísta Fernando Villavicencio tener toda la disposición para entregar los documentos y ahora desde Estados Unidos.
“Las palabras siguen siendo palabras mientras no existan acciones”.
Aseveró que ahora con un compromiso en un medio internacional se logre efectivizar, pues incluso ni siquiera las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han tomado en cuenta desde el 2019.
“Hay incredulidad ahora hay compromiso y esperamos que lo cumpla para llegar a la verdad y justicia”.
De otro lado, también subrayó la promesa del Jefe de Estado respecto a que una vez desclasificada la información, de encontrarse negligencia u omisión, caerá el peso de la ley sobre quien sea.
No descarta que el Consejo de Seguridad se niegue a desclasificar por lo que advirtió que de continuar en esta negativa los familiares de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas, acudan a cortes internacionales a presentar una demanda, sumándose a una de las tantas que ya enfrenta el Estado por no respetar los Derechos Humanos.