Se está desenrolando a cerca de 300 personas de Laffatoria, generando más desempleo, esto es socialmente criminal, agregó Joffre Campaña.
Joffre Campaña, abogado de Laffatoria, advirtió que en aproximadamente 8 o 10 días, la empresa dejará de proveer de alimentación a 11 000 privados de la libertad más, debido a la deuda que mantiene el Gobierno desde noviembre de 2023 y que asciende a los USD 30 millones.
Actualmente 11 000 detenidos de diferentes centros penitenciarios no cuentan con alimentación por la pugna que existe entre el Gobierno y Laffatoria, según el abogado. Con la nueva advertencia de la empresa serían 22 000 privados de libertad que se quedarían sin ese derecho.
Campaña señaló que el Estado no ha querido cancelar la deuda que mantiene con la Laffatoria por que no quiere, más no porque no tenga dinero. Incluso indicó que un juez emitió una medida cautelar que ordena al Ministerio de Finanzas a transferir el dinero para que se pague y se garantice la continuidad del servicio de alimentación.
Denuncia de varias irregularidades
Joffre Campaña detalló varias irregularidades que se han dado a partir de la denuncia del Gobierno de Daniel Noboa hacia la empresa Laffatoria.
- El Sercop de manera “arbitraria e ilegal” inhabilitó a la empresa como proveedora del servicio.
El argumento del Servicio Nacional de Contratación Pública fue que la empresa no actualizó sus datos, como RUC, nombre de propietarios, teléfono o dirección.
“Cuando la empresa quiso cumplir con este requerimiento, que solo le pidieron a ella, no había sistema, estaba deshabilitada”, acotó.
- Gente del Gobierno habría tenido reuniones de alto nivel con proveedores de la compañía, donde les piden que dejen a un lado a Laffatoria y armar un paquete directo.
Para el abogado Joffre Campaña hay una fijación contra la empresa, porque el mismo secretario general de la Integridad Pública, José Julio Neira, señaló, el pasado 7 de mayo, que es imposible competir contra Laffatoria porque su precio es excesivamente bajo.
Campaña destacó la gran inversión que ha hecho la empresa para cumplir con las tres comidas diarias de privados de libertad y los desayunos para las instituciones educativas, cosa que se ha venido construyendo con el tiempo.
Además, el abogado subrayó que el propio SNAI abrió concursos para que otras empresas liciten, pero luego los declara desiertos porque nadie participa, eso no es responsabilidad de Laffatoria, remarcó.
“Ahora se está desenrolando a cerca de 300 personas de la empresa y generando más desempleo, esto es socialmente criminal”, remarcó.
Este problema no solo afectó a los centros penitenciarios sino también se afectó la posibilidad de que 1.5 millones de niños y niñas reciban desayuno escolar: “Hoy la mayoría de escuelas de Guayas y Los Ríos no tienen desayuno escolar”.
“Estigmatizaron a la empresa, la situaron como corrupta sin ninguna prueba y ahora la ministra de Educación viola un contrato y no permite que la empresa cumpla con la distribución de los desayunos”, puntualizó.