Varias organizaciones de mujeres, madres de víctimas femicidio y decenas de personas más firman el manifiesto para exigir verdad, justicia y reparación integral.
La violencia feminicida y transfeminicida nos ha atravesado el cuerpo y la vida. Cada 28 horas una mujer o persona trans es violentamente asesinada en Ecuador. En este 2022, hasta el 15 de noviembre, las vidas de 272 mujeres y personas trans fueron violentamente arrebatadas ante la inacción del Estado feminicida que no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos; no previene las violencias de género en nuestra contra; que no protege a quienes exigen respuestas ante los hechos sufridos, más bien los revictimiza; que no previene que las violencias de género sucedan; que no garantiza el acceso a la justicia, perpetuando la impunidad; pero sobre todo, que no toma las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan y, menos aún repara integralmente a las víctimas ni a sus familiares.
La forma más extrema de violencia es el femi(ni)cidio, gran parte de estos casos son reducidos a accidentes o suicidios y así son tratados por los operadores de justicia. Las madres y familias de las víctimas no solo se enfrentan a la desidia de un Gobierno indolente, a instituciones como la Policía o la Fiscalía, que encubren y reafirman su pacto patriarcal de silencio frente a los femici(ni)dios, transfemi(ni)cidios y otras muertes violentas por razones de género; a un sistema judicial que en todas sus instancias revictimiza, sino también a un Estado que pretende silenciar a quienes exigen verdad, justicia y reparación integral a través de discursos de odio y de estigmatización, criminalizando y usando el aparataje punitivo para callar las voces de las madres que buscan justicia por sus hijas, de quienes defendemos los derechos humanos y de la naturaleza, de quienes nos negamos al olvido.
Denunciamos que Ecuador es un Estado Femi(ni)cida y Transfemi(ni)cida. Denunciamos ante todos los países del mundo y ante el Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos, en especial ante el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, y Reparación y la Relatora Especial Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que el Poder Judicial (en todas sus instancias, tribunales y divisiones administrativas, la policía y los servicios de medicina forense) ejerce violencia estructural e institucional sobre las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y sus familiares; que no promueve el acceso a la justicia de manera imparcial y mucho menos de manera célere; que son evidentes los patrones socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas, exigen mecanismos de corroboración para impulsar la denuncias, investigación, el procesamiento, y la sanción de casos de violencia de género y, por lo tanto; la desconfianza en el sistema judicial.
Por eso, el 25 de noviembre de 2022, las madres, familiares de víctimas de feminicidios, organizaciones de mujeres y feministas, y otras personas organizadas, nos declaramos en movilización continua en Ecuador y exigimos:
A Que el Estado garantice la verdad, justicia y reparación en todos los casos de femi(ni)cidios, transfemi(ni)cidios y otras muertes violentas.
Que se respete el derecho a defender los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos y de la naturaleza. Rechazamos todos los pronunciamientos públicos que pretenden criminalizar la protesta social legítima del movimiento feminista y de las disidencias, y las acciones que realizamos los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en el marco de la desprotección y persecución estatal.
Al Ejecutivo, la inmediata evaluación de las y los Ministros que integran el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y su destitución por el incumplimiento de sus mandatos y atribuciones.
A la Asamblea Nacional, el inicio de juicios políticos a las autoridades que han incumplido sus mandatos frente a la prevención, atención y erradicación de la violencia, en los casos en los que el Ejecutivo no los hubiere destituido.
A la inmediata depuración de toda la función pública de quiénes tengan denuncias y sanciones por violencia de género, en especial a los funcionarios y servidores que pertenecen al Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Un incremento suficiente al presupuesto general del Estado en materia de prevención, promoción, protección y reparación de los delitos de femi(ni)cidios, transfemi(ni)cidios y otras muertes violentas.
A la inmediata protección y ejecución de las medidas de protección otorgadas a las mujeres, personas trans, y no binarias en razón de denuncias por violencia de género, y que estas sean procesadas sin dilatación ni sesgos.
La creación de una Comisión de la Verdad en la que participen esas madres valientes y valiosas que han perdido a sus hijas víctimas de femicidios, así como organizaciones sociales de derechos humanos, feministas, academia con el fin de tener un proceso de justicia restaurativa sobre los femi(ni)cidios, transfemi(ni)cidios y otras muertes violentas. Así como el cumplimiento inmediato de las recomendaciones realizadas en el reciente informe que sobre el feminicidio de María Belén Bernal, fue aprobado en el pleno de Asamblea Nacional, el pasado 17 de noviembre.
Cada caso de femicidio es único en sí mismo, cada madre, cada familia han debido hacerle frente a distintas formas de revictimización, inoperancia e indolencia de los operadores de justicia. Resistiendo al olvido, luchando por mantener la memoria histórica de sus seres queridos e incluso politizando su dolor para exigir verdad, justicia y reparación. Demandamos que se analice cada uno de sus casos y se les dé respuestas individuales e inmediatas.
La reestructuración institucional y funcional de los cuerpos de seguridad, en especial de la Policía Nacional, una entidad machista, misógina, corrupta, vulneradora de derechos humanos. La formación de la función policial desde la perspectiva de la ética pública y de los derechos humanos debe ser un requisito sine qua non en todo Estado democrático de derechos y justicia social.
Se transparenten datos sobre los femi(ni)cidios, transfemi(ni)cidios y otras muertes violentas por razones de género en todo el territorio nacional, con una mirada especial en los territorios y espacios que por historia han sido olvidados. Territorios racializados, fronterizos, indígenas y montubios.
Que la Corte Constitucional de una respuesta oportuna a las sobrevivientes de violación y garantice su derecho a interrumpir un embarazo en las mejores condiciones, sin ser revictimizadas, maltratadas ni vulneradas; a partir de la revisión de las distintas demandas de incostitucionalidad a la Ley de acceso a interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Recordando que el embarazo forzado puede ser una forma de tortura, por lo que ratificamos nuestra lucha por la despenalización total del aborto por tratarse de justicia social, de salud, del derecho a una vida libre de violencias, al proyecto de vida, autodeterminación y autonomía de las mujeres, trans y no binaries.
En esta misma línea, y dado que el abuso sexual, entendido en su más amplio concepto, es la expresión más grave de violencia de género que viven las niñas y adolescentes del país, exigimos se destine recursos técnicos y financieros suficientes para cambiar esta dolorosa realidad, al tiempo que exigimos se imparta en escuelas y colegios del país, educación sexual integral basada en evidencia científica, con miras a una transformación real de patrones socio-culturales que perpetúan y ahondan las brechas de discriminación por motivos de género.
Demandamos el cumplimiento de procedimientos de respuesta judicial célere, oportuna, imparcial y a la capacitación de funcionarios públicos en los derechos humanos de las mujeres y las niñas; asegurándoles un trato diferenciado, dada sus condiciones de especial riesgo de violaciones de sus derechos.
Exigimos el diseño y la construcción de políticas públicas que garanticen que las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza podamos ejercer nuestras funciones de manera segura, en especial para aquellas mujeres defensoras expuestas a situaciones de violencia e inseguridad, quienes han visto amenazada su integridad personal o la de sus familias como represalias a su trabajo.
Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaje de forma articulada con Fiscalía y el Consejo de Judicatura para levantar y consolidar una base real y actualizada de todas las niñas y niños víctimas indirectas de femicidio y gestione la entrega rápida, sin dilación alguna, del bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el femicidio de sus madres.
Que el Ejecutivo disponga de manera inmediata al Ministerio de Inclusión Social, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, realicen los reajustes presupuestarios a fin de que el insuficiente bono (USD. 125,33) que consta como ayuda a los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por el femicidio de sus madres, se incremente mínimamente a un salario básico unificado.
Exigimos al Presidente Guillermo Lasso que de manera inmediata cumpla con su palabra y gestione los recursos que se comprometió a otorgar para la aplicación de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: un millón para implementar el registro único de violencia; cuatro millones a ser destinados en servicios esenciales (pretender incrementar estos servicios con los actuales recursos, es inaceptable); tres millones para la creación del Observatorio y 36 millones para la creación del Ministerio de las Mujeres y Derechos Humanos.
Exigimos que todo el presupuesto y sus incrementos se gestionen debidamente. No es posible que programas emblemáticos como los Centros Violetas, tenga una ejecución del 11,6962 a junio de 2022.
Dada la poca confianza en la justicia, la necesidad de cobertura mediática hasta lograr una sentencia, supone exponerse a un femicidio social, a la revictimización, a poner en pausa el duelo de madres y familias enteras, a fin de obtener respuestas. Pedimos a los medios de comunicación que amplifiquen sus voces y compartan sus historias desde una perspectiva de género, relevando sus luchas y la inacción del Estado. La normalización de la violencia termina por producir indiferencia y en los medios de comunicación recae la labor de reeducar esta mirada.
Finalmente, hacemos un llamado a toda la sociedad ecuatoriana a juntarse a nuestra demanda por verdad, justicia, reparación; pero sobre todo de no repetición. Necesitamos tus manos, tu voz y tu empatía. Nada justifica la violencia feminicida, sin embargo, estas muertes violentas de mujeres y personas trans, suceden en un contexto en donde la indiferencia social sigue siendo la norma que permite que estas historias se repitan. No sabemos si mañana una de nosotras faltará en nuestras familias, el momento de actuar es ahora, juntar nuestras voces a las de las madres, que a pesar de la ausencia de sus hijas, sostienen sus memorias con dignidad.
La lucha es por todas esas madres que aún no obtienen verdad, justicia y reparación integral, pero también por aquellas que todavía tienen la dicha de disfrutar del amor y de la compañía de sus hijas, de sus madres, de sus hermanas y amigas. La lucha es por todes y todas, quienes aún seguimos vivas, porque queremos construir una historia distinta, un vivir más digno, sin miedo, sin dolor y con alegría. Porque nos queremos vivas.