La consultora Llorente y Cuenca analizó los hechos alrededor de una posible destitución al primer mandatario.
A poco más de un mes de cumplir dos años en funciones, Guillermo Lasso se enfrenta a un juicio político. En la mitad del período para el que fue elegido se trata del tercer intento de destitución, desde la Asamblea Nacional. «Una situación inédita que rememora la inestabilidad política que atravesó Ecuador entre 1997 y 2007, cuando tuvo siete presidentes en 10 años, y que parecía ya superada», dice Llorente y Cuenca en su informe de este 14 de abril del 2023.
En su informe, la firma detalla que la Corte Constitucional admitió solamente una de las tres acusaciones que la oposición al régimen, liderada por la Revolución Ciudadana, formularon en contra del presidente Lasso. Y desechó las dos acusaciones de concusión y admitió únicamente la acusación de peculado relacionado con la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP).
La suerte del presidente Lasso está en la cancha de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio. Desde la próxima semana deberán revisar las pruebas de cargo y de descargo, para enviar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe favorable o no al enjuiciamiento político.
En su informe Llorente y Cuenca pasa revista por los escenarios:
–Que existan los 92 votos necesarios para la destitución de Guillermo Lasso. Así, el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la Presidencia. «Aunque este escenario podría generar inestabilidad política en el corto plazo, también podría significar una oportunidad para que el nuevo presidente adopte correctivos».
–Que no se reúna la mayoría calificada y Guillermo Lasso evite este nuevo intento de destitución. Y así pueda terminar su mandato hasta 2025, «pero enfrentando a una oposición más fuerte que no cesará en sus
intentos por destituirlo. Por lo cual, el panorama de gobernabilidad empeoraría».
–Que mientras se desarrolle el juicio político, el Presidente decrete la muerte cruzada, es decir la disolución de la Asamblea Nacional, por lo que se llamaría a elecciones presidenciales y legislativas de forma anticipada, para completar el periodo hasta mayo de 2025. «Este desenlace
agudizaría, aún más, la tensión política y podría favorecer el regreso del correísmo al poder al ser
ésta la fuerza política mejor preparada para un proceso electoral en el corto plazo», dice la firma.
¿Qué dice la consultora sobre los votos?
-El oficialismo tiene minoría en la Asamblea Nacional. En junio de 2022, el intento de destitución que promovió UNES, durante el paro indígena por “grave crisis política y conmoción interna” no alcanzó los 92 votos gracias a la abstención del PSC. Pero, los votos del PSC están prácticamente asegurados, esta vez.
-El gobierno buscará aprovechar la división interna que existe en Pachakutik (entre la facción alineada a la Conaie y la más moderada), y en la ID (entre facción que reconoce a Enrique Chávez como presidente del partido y aquellos que no) para evitar que existan los 92 votos.
Llorente y Cuenca, en su análisis, sostiene que la tarea es compleja porque el 4 de marzo el Pleno aprobó con 104 votos de todos los bloques el informe de la Comisión que investigó el Caso Gran Padrino (Caso Encuentro, para la Fiscalía), que contenía la recomendación de enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso.
Para la firma pesará también la falta de respuesta del gobierno a la cada vez más grave crisis de seguridad
que está atravesando el país. Por ello podría ser injustificable para las fuerzas políticas ante sus electores no votar a favor de la destitución del presidente Lasso.