Según el dirigente del Comité de Empresa, quien alerta que dos mil familias propietarias de emprendimientos perderán sus entradas económicas.
Punto Noticias. Por decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador entró en liquidación, como dispone el decreto ejecutivo 1057.
Esta empresa pública se constituyó en 2010 y hasta 2015 el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa invirtió 387 millones de dólares para rehabilitar más de 500 kilómetros de vía férrea.
Según Marco Ávila, presidente de la empresa coordinadora de Empresas Públicas, Ferrocarriles del Ecuador funcionaba con siete rutas, de las cuales solo dos generaban ganancias.
Marcelo Tapia, maquinista, secretario general del Comité de Empresa Único de Ferrocarriles Ecuatorianos, expresó su consternación porque “de la noche a la mañana” se extingue a una empresa con historia y patrimonio cultural.
Los trabajadores de Ferrocarriles protagonizaron acciones de protesta en rechazo a la eliminación de la empresa, con el propósito, según Tapia, de, sobre todo, presionar para que el mandatario revierta su decreto, pero también en defensa de sus derechos laborales.
El dirigente gremial considera que no debe cerrarse la empresa y debe prevalecer el acuerdo del Ministerio de Cultura, emitido en 2008, que declaró Monumento Civil y Patrimonio Histórico Testimonial a los trabajadores ferroviarios.
Con la desaparición de la empresa, Tapia advierte que se quedarían sin su fuente de ingresos 322 familias, a nivel del país, sin tomar en cuenta los emprendimientos que se generaron a lo largo de la línea férrea, que suman alrededor de dos mil familias.
Deploró que las autoridades del Gobierno no hayan dialogado con los ferroviarios antes de tomar la decisión. Cree que el cierre no es la medida adecuada, porque hay otras alternativas para que siga de pie, como que la empresa brinde también el servicio de carga y transporte de pasajeros, a más del turismo.
El Ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció que se dialoga con una firma privada, para mantener en funcionamiento el ferrocarril, a través de una concesión o alianza público-privada.
La negociación estaría en marcha con Perurail, empresa interesada en rehabilitar rutas que no estaban en funcionamiento.