Con este propósito, el presidente de la AME espera que se ponga el ejecútese a las reformas a la Ley de Régimen Tributario.
Punto Noticias. El Gobierno Central deberá devolver alrededor de 335 millones 700 mil dólares pendientes, desde 2011, por el impuesto al valor agregado (IVA), tanto a gobiernos autónomos descentralizados ($257,3 millones) como a las universidades ($78,4 millones), en los próximos seis meses, si el presidente de la República, Lenín Moreno, pone el ejecútese a la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, aprobada por el Legislativo el 20 de abril pasado.
La normativa establece que los gobiernos seccionales (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) y universidades retendrán el IVA de sus compras, realizarán un reporte al SRI, pero ya no entregarán esos valores, sino que se los quedarán en sus propias arcas. Dispone, además, en una transitoria, pagar los valores pendientes por IVA en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de dicha reforma.
A la espera de la respuesta del Ejecutivo (ejecútese, veto parcial o veto total), la reforma genera debate. Según el ministro de Economía, Mauricio Pozo, el nuevo modelo de retención del IVA generará problemas de caja y de flujo. Reconoció que hay dificultades para cumplir con esta devolución, pero por necesidades apremiantes. Ahora se perderá esa posibilidad de hacer un manejo de liquidez, lamenta.
El abogado tributario Napoleón Santamaría considera que “hay mucha tela que cortar” en el tema de la retención del IVA por parte de GAD y universidades. Explica que todo el sistema tributario está basado en un principio conocido como “Solve et repete”, que significa paga y luego reclama o pide devolución. A su juicio, ahora la reforma de la ley establece una compensación automática, lo cual le da al contribuyente la facultad de ser administrador y se destruye el principio tributario.
Los gobiernos autónomos descentralizados, actualmente, son sujetos pasivos contribuyentes del IVA, pero se convertirán en entidades de retención que se autocompensan. Además, la ley viola el principio de generalidad, pues se dirá por qué otros sectores no tienen el mismo privilegio, como por ejemplo los exportadores, argumenta.
Santamaría también cuestiona el destino que darán las entidades retenedoras a estos recursos. Hizo votos para que no sean mal utilizados, sino que se dediquen a temas prioritarios.
Mientras tanto, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), señaló que es una reforma que se venía buscando desde hace mucho, desde que la Ley de Régimen Tributario Interno fue reformada, convirtiendo a los GAD en “meros contribuyentes del Gobierno central”, pese a ser parte de los niveles de gobierno descentralizados y solo considerando el interés del Estado central.
Para su aplicación, todos los GAD deberán esperar la normativa secundaria, que viabilice la reforma, tanto para el funcionamiento del nuevo reporte de IVA que deben construir para el SRI, como la parte del régimen de transición y reformatorio de la ley, que establece que el SRI es la entidad técnica encargada de la compensación, por lo que tendrá que normar la forma en que se devolverá el IVA ya pendiente, de manera mensual.
El presidente de los municipios espera que, una vez asumido el nuevo Gobierno sus funciones, se siente con los alcaldes y demás GAD a establecer las líneas de acción para hacer viable la reforma. “Lo que se requiere es voluntad política, estrategia de articulación y, sobre todo, viabilizar los recursos pendientes, evitando que los GAD otra vez estemos en un peregrinaje permanente entre el MEF y el SRI”, reclamó.
Sobre el destino de los recursos que se van a retener los GAD, dijo que esto dependerá de cada gobierno local, pero adelantó que todos viven al momento crisis múltiples por la pandemia: sanitaria, económica, social agravada por las violencias, etc. Explicó que lo más seguro es que los municipios destinen los recursos para solventar las necesidades básicas de la población, en especial de los grupos de atención prioritaria.
Delgado confía en que se envíe la reforma a promulgación o en su defecto que “observe” o “ajuste la propuesta”, pero considera que sería un retroceso absoluto el veto total.
Fuente: El Universo.