El cumplimiento del porcentaje límite de endeudamiento es punto controversial.
Punto Noticias. Uno de los temas polémicos del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas tiene que ver con los plazos para cumplir el límite de endeudamiento público.
El Gobierno propone un cronograma de 12 años para que el porcentaje de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país se reduzca al 40%, como establece la Ley de Fomento productivo, de 2018.
Hasta abril de 2020, la deuda pública alcanzaba los 57.182 millones de dólares, que equivale al 52,14% del PIB, superando el techo del 40%.
En la objeción, plantea que el indicador al año 2025 sea hasta del 57%. Es decir, el régimen gubernamental podrá endeudarse hasta ese porcentaje. Para 2030 deberá bajar al 45% y para 2032 y en adelante deberá ser inferior al límite legal del 40%.
El Ejecutivo argumenta que estos cambios se relacionan con la necesidad de ajustar el proceso de transición, para que exista una trayectoria de este indicador coherente con el escenario económico actual (caídas de precios del petróleo, de ingresos y del PIB).
Los integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Legislatura, que tramita las 16 observaciones de la objeción parcial del Ejecutivo, resolvieron reunirse el sábado 20 de junio para votar el informe no vinculante, que será puesto en conocimiento del Pleno. Los parlamentarios sugirieron que la votación se haga por cada observación.
Gabriela Larreátegui, de SUMA, señaló su conformidad con el veto parcial, porque considera que las propuestas de forma y de fondo ayudan a un adecuado control de las finanzas públicas, pero cree oportuno que representantes del Ministerio de Finanzas expliquen el argumento técnico para determinar los plazos para cumplir con el porcentaje permitido de deuda pública.
Patricio Donoso, de CREO, se sumó a este pedido y destacó la necesidad de poner orden en las finanzas públicas y que el Ejecutivo respetó la decisión de la Asamblea Nacional de garantizar la autonomía administrativa y financiera de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados.
A solicitud de la legisladora Lira Villalba, la Comisión convocará, de manera virtual, a representantes de las empresas públicas y de los gobiernos autónomos descentralizados, para este viernes 19 de junio, a las 17h00.
El propósito es receptar observaciones respecto a la proposición de que las entidades del sector público, tanto aquellas que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE) y las que pertenecen a la Función Ejecutiva, deben someterse a las directrices que emite el Ministerio de Finanzas en cuanto a techos y límites de gasto, a fin de establecer un adecuado manejo de las finanzas públicas.
La legisladora oficialista Ana Belén Marín señaló que estaría de acuerdo con allanarse a 10 de las 16 objeciones del Ejecutivo y, a su parecer, se debería ratificar los textos aprobados por el Parlamento en cuanto a las objeciones 8, 10, 11, 14, 15 y 16 , que hacen referencia a la emisión de bonos, Notas del Tesoro, regla de deuda y otras obligaciones de pago, reducción de los CETES, colocación de Notas del Tesoro hasta por el mismo monto en que se desinviertan los Certificados de tesorería y el cumplimiento de la reducción de deuda pública.
Fuente: Asamblea nacional/Pichincha Comunicaciones.