Aprobada a las apuradas por 88 senadores, ahora la Ley General de Biodiversidad está en la Cámara de Diputados mexicana, pese a ser criticada por organismos civiles ya que permite la minería y el fracking incluso en zonas medioambientales protegidas.
Alejandro Olivero, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, le dijo a sin embargo que la senadora Ninfa Salinas, quien presentó el proyecto tiene “conflicto de intereses”, puesto que “ella tiene proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto”.
“Lo sospechoso aquí es que a pesar del rechazo que ha tenido por parte de organizaciones de la sociedad civil se aprobó en el Senado el último día de sesiones, justo en río revuelto mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior. Aprovecharon para aprobarla y que pasara desapercibida”, continuó el activista.
El proyecto de Ley desestima la consulta previa a las comunidades originarias e incluso otorga la facultad de capturar y lucrar con mamíferos marinos y la fauna silvestre. Por lo que choca con la vigente Ley General de Vida Silvestre y entraría en conflicto con la Ley General de Equilibrio Ecológico.
“Los diputados pueden frenar esta iniciativa y pueden modificarla para atender las demandas de la sociedad civil y así mejorarla a través de la consulta pública, previa e informada con todos los grupos interesados”, es la esperanza y pedido del ambientalista.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad también se pronunció:
“La Cámara de Diputados recibió la minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB) luego de que se aprobara sorpresivamente en el Senado, buscando dar un albazo y poniendo en riesgo el patrimonio natural de nuestro país”.
Ante “el atropello democrático, de derechos humanos y la poca sensibilidad del Senado hacia grupos históricamente vulnerados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales”, la Coalición exigió a los diputados respetar “el derecho humano a participar y a que no se repliquen las malas prácticas legislativas de su colegisladora en el Senado, abriendo el proceso de dictamen a una consulta ciudadana amplia, efectiva y culturalmente adecuada”.
Con información de Sin Embargo.