Para el órgano administrativo de la Función Judicial, las dos funcionarias participaron en el sorteo de la acción de protección constitucional presentada por el exalcalde de la capital, Jorge Yunda.
Punto Noticias.- La jueza María Belén Domínguez y la ayudante judicial Daniela A. fueron destituidas este lunes 4 de octubre por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).
Las funcionarias de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer de Quitumbe, en Quito, fueron investigadas por su participación en el sorteo de la acción de protección constitucional presentada por el exalcalde de la capital, Jorge Yunda, y sancionadas por la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
El informe presentado por la Dirección de Pichincha en el Ámbito Disciplinario sirvió de sustento para que los vocales del CJ adopten esa decisión, luego de efectuadas las investigaciones correspondientes y el sumario administrativo.
Según el documento, se comprobaron las irregularidades cometidas por parte de las servidoras sumariadas, recomendando su destitución.
El Consejo de la Judicatura inició de oficio el proceso disciplinario, ya que no se recibió ninguna denuncia respecto a las irregularidades observadas en la asignación de la causa en mención.
El órgano administrativo de la Función Judicial recordó que no puede emitir una sanción debido a las actuaciones jurisdiccionales de jueces, fiscales o defensores públicos, en las que se configure un error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, sin una denuncia y una declaración jurisdiccional previa.
En un comunicado, el CJ aclaró que al resolver la acción extraordinaria de protección derivada de la actuación de la jueza María Belén Domínguez, la Corte Constitucional cuestionó las actuaciones de los jueces en la causa; sin embargo, no emitió una declaración de error inexcusable o manifiesta negligencia.
La entidad informó que aún existen procesos disciplinarios abiertos en contra de servidores judiciales que participaron en el sorteo de las acciones constitucionales presentadas por Yunda, cuyo resultado se dará a conocer oportunamente.
El pasado 08 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso medidas preventivas de suspensión sin remuneración, por 90 días, a dichos servidores judiciales mientras se efectuaban las investigaciones y a la par la institución presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un posible delito de interceptación ilegal de datos que al momento sigue en curso.
Fuente: CJ, redes sociales