Se llegó a un acuerdo entre los mineros en huelga desde hace 42 días y el gobierno colombiano. “El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Departamento de Antioquia y de más integrantes de la mesa que se conformó para resolver la problemática de Segovia y Remedios, informan a la opinión pública que hemos llegado a un acuerdo sobre los puntos fundamentales que dieron origen a la movilización pacífica”, dijo este miércoles el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante.
Queda en manos de la Mesa Minera informar a sus adherentes y conducir el repliegue de la movilización pacífica que había paralizado las poblaciones de Remedios y Segovia, del departamento de Antioquia.
El presidente de la Mesa Minera, Elióber Castañeda, indicó que “hemos llegado tocando unos puntos bases de la negociación, y reiteramos que mañana estaremos allí socializando con toda nuestra comunidad”, destacaba El Espectador. Hasta que los puntos de acuerdo no sean socializados con los mineros, no se levantará el paro.
Desde que el 21 de julio empezara el paro, el fortalecimiento de la medida de fuerza llevó a que se cancelaran las clases y el comercio se viera casi interrumpido por completo, llegando a sufrir cierto desabastecimiento. Además de vivirse momentos de mucha tensión por la represión de los escuadrones de fuerzas especiales de la policía.
Las fuerzas de seguridad denuncian que el paro minero contó con el apoyo de bandas criminales, incluso la empresa minera Gran Colombia Gold, comunicó a los medios que los mineros contaban con el apoyo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar.
Eliober Castañeda, uno de los líderes mineros de la protesta dijo que “esta información es absolutamente falsa. Siempre lo hemos dicho: nuestra manifestación es pacífica. Estamos cansados de la violencia y tenemos muy claro que los hechos violentos no ayudan a la solución de la problemática minera”.
La criminalización de la protesta social es un viejo método político que condujo a que Colombia viva una guerra interna durante décadas. Así como fue posible sellar la paz con la insurgencia de las FARC-EP, es hora de que el gobierno reconfigure un nuevo paradigma para resolver las problemáticas que no incluyan la violencia.