La noche del martes se conoció las condenas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia marroquí de Alhucemas contra nueva activistas rifeños de 20 años y un año de cárcel.
Al condenado a 20 años se lo acusa de haber provocado un incendio en una residencia de agentes de seguridad y de haber cortado una carretera pública. El ataque ocurrió el 26 de marzo, cuando un grupo de manifestantes volvía de una protesta y al pasar por la residencia de policía de Imzuren, a unos 18 kilómetros al oeste de Alhucemas, la apedrearon y la incendiaron, según relata Efe.
Los restantes recibieron penas de tres, dos o un año por los delitos de participar en manifestaciones no autorizadas, desobediencia, concentración armada, ultraje a agentes de seguridad o daños a bienes públicos.
Otros 23 activistas esperan sus condenas para el mes próximo. Desde octubre de 2016 que las manifestaciones se suceden contra el gobierno marroquí, luego de que la muerte de un pescador que quiso recuperar su mercadería de un camión de basura, murió compactado. Ese hecho fue el detonante de protestas persistentes, que han dejado un saldo de más de 200 detenidos.
La Coalición Marroquí de Asociaciones de Derechos Humanos, que incluye a 22 formaciones, denuncia la violencia “excesiva” utilizada por la policía contra los manifestantes pacíficos en el Riff y las violaciones a los derechos humanos que se ejecutan en el territorio. También denuncian las detenciones arbitrarias, abusivas e indiscriminadas que se han llevado a cabo desde octubre del año pasado y la aplicación de medidas de hostigamiento y de inteligencia contra los manifestantes.
En el Riff los reclamos incluyen medidas para generar una mejor calidad de vida, con la creación de un hospital, una universidad para la alta tasa de jóvenes que viven en la región, más puestos de trabajo, la desmilitarización de la zona y que se libere a los detenidos.