La formulación de cargos se extiende a Pedro Saona y al representante legal de la empresa china. La Fiscalía pidió la prisión preventiva.
Punto Noticias.- El juez nacional Adrián Rojas, quien reemplaza a Luis Rivera por enfermedad, acogió la formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, su hermano Esteban, Pedro Saona y el representante legal de la empresa china Camc Engineering Co. Ltda.
Previo al desarrollo de la audiencia, el abogado de Pablo Celi, Marcelo Ron solicitó que se reagende la diligencia por no contar con los escritos necesarios para la defensa de su cliente, los cuales se derivan del expediente del caso Las Torres, en el que su defendido es uno de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada.
El juez Rojas no dio paso al petitorio de Ron, esto a pesar de que también el jurista le solicitó que se recuse de tramitar este nuevo caso, ya que forma parte del Tribunal de Juzgamiento del caso Las Torres. Con este último punto también estuvo de acuerdo David Ricardo Vaca, defensa de Esteban Celi.
Pese a ese preámbulo, Rojas se mantuvo en que la diligencia ya fue instalada y que aún no se ha decidido la situación legal de Pablo Celi en el caso Las Torres, así como añadió que cualquier decisión se tomará en su momento conforme a la actuación que mantiene la Corte Nacional de Justicia.
Enseguida, el juez nacional dio paso al fiscal general subrogante, Wilson Toainga para que exponga sus argumentos para la formulación de cargos.
Toainga declaró como autor del presunto delito de cohecho a Pablo Celi, mientras que como cómplices a Esteban Celi, Saona y al representante legal de la firma china sobre la base del artículo 280, inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) que establece una sanción con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
El funcionario pidió la prisión preventiva para Pablo y Esteban Celi, así como para Pedro Saona (este último prófugo de la justicia). Esta solicitud la hizo, según el fiscal, muy aparte de que los hermanos Celi tengan una medida cautelar similar por otra causa, ya que la consideró idónea para garantizar su presencia a la audiencia en este nuevo proceso.
Sobre los bienes de los tres procesados se solicitó la retención de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pólizas de inversión por USD 4.800 a cada uno para el pago de la multa.
También se prohibió enajenar bienes por el monto de USD 1’336.000 que se habrían pagado como sobornos y que servirían en lo posterior para el pago a las víctimas.
En cuanto a la empresa china se solicitaron medidas como la retención de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y de inversiones en el sistema financiero nacional. Son cuentas en el Banco de Guayaquil, Pacífico y Citibank N. A. Sucursal Ecuador por USD 400.000 para garantizar el pago de una eventual multa. A esta medida se suma la prohibición de enajenar bienes por USD 1’336.000.
El fiscal subrogante pidió 90 días para la instrucción fiscal que estará a cargo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
En su exposición, Toainga señaló que los hechos se habrían gestado en la Contraloría General del Estado desde el 2018, en donde se desvaneció una glosa por más de USD 22’000.000 a favor de la empresa china. A cambio se habría solicitado USD 1’336.000 como contrapartida para llevar a cabo ese accionar.
La transferencia se la habría realizado a la empresa LegalCont, cuyo gerente era Saona, pero los beneficiarios finales eran los hermanos Celi.
En una declaración hecha por Saona se mencionó que Esteban Celi era quien daba las órdenes y que su cargo de gerente solo era de nombre.
El fiscal subrogante puntualizó que el 22 de febrero de 2019 se dio el contrato entre LegalCont, con Saona, y el representante legal de la firma china, quienes diseñaron estrategias para manejar la glosa de más de USD 22’000.000. Sin embargo, exclamó que LegalCont fue creada apenas 6 días antes de que se dé ese contrato, lo que le hace presumir que existieron irregularidades.
El juez Rojas dio paso a las defensas técnicas para que den a conocer su posición.
Ron, como representante legal de Pablo Celi, dijo que la Fiscalía cae en subjetividades y alertó con una persecución contra su cliente.
Mientras Vaca, abogado de Esteban Celi, negó que su defendido haya sido beneficiario de algún monto.
La defensa de Saona dijo que su cliente no está en Costa Rica como puntualizó la Fiscalía, sino que está en República Dominicana y acotó que durante el debido proceso presentará sus pruebas para desvirtuar lo mencionado por la Fiscalía. Aunque solicitó se deje sin efecto la formulación de cargos y las medidas cautelares.
Darwin Lascano, abogado de la empresa china, desvirtuó lo expuesto por la Fiscalía y agregó que la compañía ha trabajado en beneficio del Ecuador y que pretender inmovilizar sus cuentas acarreará un problema grave para el Estado ecuatoriano, ya que tributa cientos de miles de dólares al fisco.
Sostuvo que si eso sucede estaría en riesgo la ejecución del Hospital de Pedernales, del proyecto Casa para Todos, así como los contratos de sus trabajadores.
A su vez, el juez nacional suspendió momentáneamente la audiencia para revisar los documentos y planteamientos realizados por las defensas técnicas, ya que hubo solicitudes de que no se retengan cuentas ni se ejecute la prisión preventiva.