Tiempos aciagos está viviendo Colombia, con una seguidilla de muertes violentas sin tregua. Masacre de líderes sociales y un balance patético en el cumplimiento del acuerdo de paz que firmaran el gobierno y las FARC.
El ELN ya está advertido y espera que las negociaciones sean más serias en La Habana, Cuba y que le dé continuidad el presidente electo Iván Duque.
Pero en medio de este escenario desolador, un pequeño avance se produjo ayer cuando la Corte Constitucional aprobó y le dio luz verde a la reforma rural integral, piedra fundamental para construir la paz en la ruralidad colombiana.
La decisión es trascendental porque el decreto aprobado crea, en esencia, una vía para superar el atraso jurídico y económico del sector rural. Por un lado, prioriza a la población rural victimizada para acceder a la tierra y crea un Fondo de Tierras que tendrá dos subcuentas: una para la población campesina y otra para dotación a comunidades étnicas. Además, crea el Registro Único de Solicitantes de Tierras que cuenta con un módulo étnico para pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.
También se crea el Subsidio Integral de Acceso a Tierra, como un aporte estatal no reembolsable, que podrá cubrir hasta el 100 % del valor de la tierra o de los requerimientos financieros para la puesta en marcha de un proyecto productivo para los campesinos y población víctima. Además, crea un crédito especial para quienes no tengan tierra o esta sea insuficiente.
El decreto ley crea mecanismos y herramientas jurídicas muy precisas y que favorecerán sin duda a las poblaciones más abandonadas por el Estado en las últimas décadas. Si bien es una buena iniciativa para celebrar, el bajo cumplimiento del resto de lo acordado, genera una gran incertidumbre, a la que hay que sumar la iniciativa del Centro Democrático de Álvaro Uribe de promover un plebiscito para que la población desautorice la Justicia Especial para la Paz.
Con información de El Espectador.