En el último Decreto que envió Lasso se pretendería desvincular la responsabilidad del Ejecutivo en estas emergencias y transferir la responsabilidad a gobiernos locales, pero sin los recursos necesarios.
El Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador (Congope) emitió un comunicado oficial, en el cual rechazó el Decreto de Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres que suscribió el Presidente de la República, Guillermo Lasso sobre la gestión de riesgos y desastres. Esta nueva normativa aún está en análisis en la Corte Constitucional.
La Prefecturas alertaron que con ese instrumento el Ejecutivo pretende desvincularse de sus responsabilidades ante desastres naturales y gestión de riesgos.
El Congope informó que presentó ante la Corte un recurso legal para solicitar la nulidad de esa propuesta de Ley porque elimina el Plan Nacional de Riesgos y vulnera el sistema democrático del país.
#ATENCIÓN | Congope rechaza el Decreto de Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, con el que pretende apartarse de sus responsabilidades ante desastres naturales y riesgos. @CorteConstEcu @PaolaPabonC @teleamazonasec @Primicias pic.twitter.com/g8FOEaucrm
— CONGOPE (@CongopeEcuador) September 21, 2023
Sgún el Ejecutivo, este Decreto servirá para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, pero, en esta semana, la normativa también fue rechazada por cangrejeros y pescadores, quienes critican la disposición porque esconde el objetivo de privatizar playas y bahías a favor del sector camaronero.
La audiencia pública para analizar la constitucionalidad de la medida está prevista para el 26 de septiembre.
Decretos de Lasso
Hasta el momento solamente dos de los decretos enviados por Lasso a la revisión de la Corte bajo el carácter de económico urgente han recibido el visto bueno: una reforma tributaria y la aplicación de un impuesto redimible a las botellas de plástico.
El organismo judicial negó anteriormente la implementación de normativas para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.
Lasso también envió una disposición para modificar la gestión de las finanzas públicas, sobre la cual no se ha pronunciado aún la entidad de control constitucional.
Organizaciones sociales también rechazan esa iniciativa porque en su opinión atenta contra los presupuestos para salud, educación y seguridad social.