El juez Felipe Córdova continuará escuchando a los abogados de cada uno de los ahora procesados en este caso por presunta delincuencia organizada.
Punto Noticias.- Durante la audiencia de vinculación de 13 nuevos procesados en el Caso Metástasis, los abogados solicitan al juez nacional Felipe Córdova que no acoja lo solicitado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en relación a las órdenes de prisión preventiva. La diligencia continuará a partir de las 14:45 con la intervención de otros representantes legales.
El primero en ejercer su derecho a la réplica fue Adrián Flores Pazmiño, abogado del exasambleísta Ronny Aleaga, quien presentó un escrito en el que alegó que su cliente tiene un menor de edad a cargo, por lo que exhortó a que se le cambie la medida cautelar.
De igual manera, lo hizo Washington Andrade, en representación de Alejandra Delgado, otra de las procesadas en este caso.
Andrade pidió el cambio de la medida cautelar, así como no se congelen las cuentas bancarias debido a que es docente y madre soltera. Dijo que Delgado tiene una hija, menor de edad, que depende de ella.
El abogado insistió en que su cliente actuó bajo lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 294, del 16 de diciembre del 2021, cuando fue creada la Comisión de Pacificación.
Previo a la diligencia, Andrade comentó que durante el proceso de instrucción fiscal demostrará la inocencia de Delgado, debido a que ella actuó de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo suscrito por el expresidente Guillermo Lasso. Para Andrade, la vinculación es parte de una persecución.
Enseguida intervino el abogado de Claudia Garzón, Jorge Haz, quien también se refirió al Decreto 294 e insistió que su cliente solo cumplió con el trabajo dispuesto por el Gobierno ecuatoriano.
Reiteró que su cliente de origen colombiano es inocente y que eso lo demostrará en las etapas de instrucción fiscal.
Haz, al ser abordado por los medios, indicó que su cliente rindió su versión ayer. En ella habría dicho que su rol fue neutral.
Al ser consultado sobre el ingreso de Garzón a una cárcel sin autorización, dijo que el director del centro penitenciario la invitó.
A la par, Haz representa al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien es ya procesado en este caso junto con otras 38 personas más.
Tras la participación de Haz, Garzón tuvo la oportunidad de intervenir. Garzón aprovechó los pocos minutos que le concedió el juez nacional Felipe Córdova para aclarar cuál fue su rol en la Comisión.
Ella dijo que ha trabajado a nivel internacional como una pacificadora y que los 180 días que fue parte de la Comisión en el Ecuador centró en eso su trabajo.
“No me invitó cualquier persona, fue la máxima autoridad de un país que me invitó a formar parte de la Comisión. Jamás usé mi investidura de ser pacificadora para algo diferente a hacer justicia. Estuve en riesgo durante 180 días y cumplí en la disminución de riesgos”, expresó.
Reiteró que ha sido reconocida como portadora de paz y que ingresó a centros carcelarios, pero en cumplimiento de un Decreto Ejecutivo y logró frenar más muertes en el sistema penitenciario.
Garzón comentó que unió a ocho líderes de estructuras delincuenciales, a tal punto que la escuchaban y pudo contener muertes.
La exintegrante de la Comisión de Pacificación expuso que puede aportar con evidencias y pruebas en las que su vida estuvo en riesgo y fue perseguida.
“Me abrieron algunos procesos y denuncias para callarme y no sé cómo sigo viva. Seguiré humanizando y transformando, estoy del lado de la justicia. Si deben seguir persiguiéndome por humana que me sigan persiguiendo, más no por ser corruptible”, subrayó.
Enseguida intervino el abogado de Katherine Guaita, agente penitenciaria. Según la Fiscalía, ella habría recibido USD 10 000 a través de Braulio Mera, recadero de Norero para gestionar la entrega y recepción del dinero de sobornos.
De acuerdo con la fiscal general del Estado, el grupo organizado que obedecía al narcotraficante Leandro Norero convertía a los agentes penitenciarios en sus empleados.
De igual manera, el abogado de Guaita pidió que se cambie la medida cautelar y aclaró que su cliente no favoreció a nadie porque trabaja en la cárcel de El Inca, en Quito, y conoce que algunos procesados en este caso están en Cotopaxi y en la Cárcel 4, ubicada al norte de la capital.
“No mande a una persona a morir a una cárcel, dicte prohibición de salida del país y que se presente -por último- a diario ante la autoridad”, le sugirió al juez Córdova.