Casi un año después del suicidio de Johana B., quien integraba la banda de paz del Mejía, hay sentencia por delito de odio. Se abrirá una investigación penal y administrativa en contra de directivos del colegio, por omisión.
Hace un año, Johana Balladares aún estaba con vida; era víctima de acoso escolar, en el Colegio Nacional Mejía. La violencia que vivía era verbal, pero también física. En los últimos días de marzo de 2023, su agresor la golpeó tan fuerte en la espalda que le ocasionó una lesión en la columna, que le impidió caminar de forma normal. En la primera semana de abril, Johana se suicidó.
El Juez Especializado de Justicia Juvenil de Pichincha, que conoció la causa, sentenció a cuatro años de internamiento institucional al adolescente, también estudiante del Mejía. Luego de investigaciones fue hallado culpable por actos de odio en contra de Johana, quien integraba la banda de paz del tradicional colegio de Quito.
La Fiscalía procesó este caso, que llevó al suicidio de la estudiante del Mejía, por el delito de actos de odio, tipificado en el artículo 177, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que trata de actos de violencia que producen la muerte de una persona.
En este caso, ya que el sentenciado es un adolescente, el Juez ordenó la aplicación de las medidas socioeducativas, de conformidad a lo que dispone el artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia.
La Fiscalía de la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 empezó a investigar este caso de violencia en el Mejía, al contar con la denuncia del padre de la estudiante, en abril de 2023. También con el testimonio de otros miembros del colegio, estudiantes y profesores.
Todos coincidieron, reseñó la Fiscalía General del Estado, en que el estudiante del Mejía insultaba a Johana, con palabras denigrantes. También hubo agresiones físicas, en varias ocasiones, durante casi un año.
En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil relató que como consecuencia de los ataques y actos de odio físicos y psicológicos, causados por el estudiante del Mejía en contra de Johana, hubo una lesión física. Johana ya no podía caminar y eso le impidió tener una vida normal.
Además, la Fiscal recalcó que la situación económica de los familiares de la víctima impidió que pudiera acceder a terapias, para recuperarse de las lesiones físicas y psicológicas. «Como consecuencia de los actos de odio que sufrió, ella se quitó la vida, como lo determinó el resultado de la autopsia médico-legal».
Eso dice en su informe Fiscalía. También que las pruebas que recabó en la investigación demostraron, de manera contundente, la existencia de la infracción y la responsabilidad del adolescente procesado.
Además del testimonio del círculo cercano de Johana, familiares, amigos y compañeros del plantel educativo, se desarrollaron pericias antropológicas y la autopsia psicológica a la víctima.
La sentencia incluye el pago de USD 3 000 como reparación, a favor de los familiares de Johana. Además, la Fiscalía solicitó al Juez que se inicie una investigación penal y administrativa en contra los funcionarios y representantes de la institución educativa por omisión. Esto porque no denunciaron el hecho ni brindaron atención prioritaria a los adolescentes.