Piden que se archiven los procedimientos de extradición iniciados en su contra.
Punto Noticias. Un grupo de abogados y académicos del derecho enviaron una carta abierta a las autoridades del Reino Unido para expresar sus “serias preocupaciones sobre las violaciones de los derechos fundamentales de Julian Assange» y exigen su inmediata liberación.
Luego de que el Gobierno de Ecuador de Lenín Moreno retiró el asilo diplomático al fundador de Wikileaks, en abril de 2019, Assange pasó a estar bajo custodia legal del gobierno de Reino Unido.
Luego de más de un año y medio, el proceso ha tenido varios cuestionamientos y existe una amenaza de extradición a Estados Unidos.
El colectivo, “Abogados por Assange” explica que la extradición sería ilegal por falta de garantía de que los derechos procesales del juicio de Assange estarían protegidos en los Estados Unidos. “Assange ha sido acusado y será juzgado en el infame ‘tribunal de espionaje’ en procedimientos secretos ante un jurado elegido por una población en la que la mayoría de las personas elegibles para la selección del jurado trabajan para la CIA (Agencia Central de Inteligencia), NSA (Agencia Nacional de Seguridad), DoD (Ministerio de Defensa) o DoS (Departamento de Estado)”.
Denuncian que hubo una “vigilancia constante y criminal” de video y audio, durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, realizada por la firma de seguridad española, UC Global. “Esta vigilancia ha desencadenado una investigación sobre el propietario de UC Global, David Morales, por el Tribunal Superior de España, la Audiencia Nacional. Según declaraciones de testigos, la vigilancia habría sido directamente ordenada por la CIA, que según los informes, UC Global se encargaba de transmitir la información recopilada directamente a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos”, dice la carta enviada a las autoridades de Reino Unido.
Recuerdan que Reino Unido tiene el deber de proteger el derecho de Assange a la vida y la prohibición de extradición es absoluta y, por lo tanto, no puede haber una excepción disponible bajo ninguna circunstancia, incluida la guerra, la emergencia pública o la amenaza terrorista.
Además, denunciaron que, en un solo día, el 22 de febrero, “las autoridades carcelarias lo esposaron 11 veces, lo colocaron en cinco celdas diferentes, lo desnudaron y lo registraron dos veces y confiscaron todos sus documentos legales y confidenciales”.
Pese a esta denuncia hecha ante el Tribunal de Justicia, los abogados critican que la magistrada, Vanessa Baraitser, se negó explícitamente a intervenir ante las autoridades de la prisión, alegando no tener jurisdicción sobre las condiciones de custodia.
Por ello, exigen una audiencia justa y pública ante un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, el derecho a ser informado de manera inmediata y detallada sobre la naturaleza y la causa de los cargos, el derecho a tener el tiempo y las instalaciones adecuadas para la preparación de la defensa y el derecho a comunicarse con sus abogados.