La entidad investiga los contratos de arrendamiento de oficinas, en el período 2014-2016, por parte de la Corte Constitucional.
Punto Noticias.- En el marco de las investigaciones por presunto tráfico de influencias, la Fiscalía realizó este martes 5 de enero un reconocimiento de las instalaciones del Colegio de Abogados del Guayas, en donde la Corte Constitucional arrendaba oficinas, en el período 2014-2016.
Los agentes de la Fiscalía también revisaron el contrato de arrendamiento como parte de la investigación que se inició en marzo de 2020.
Para mayo, la Contraloría General del Estado ya había analizado el proceso de contratación y ejecución de los contratos de arrendamiento de las oficinas en las que funcionó el despacho regional de la Corte Constitucional del Guayas. Dichos contratos fueron suscritos y renovados con el Colegio de Abogados del Guayas, por eso el contralor subrogante Pablo Celi remitió un informe con indicios de responsabilidad penal.
En esa época ya se investigaba a tres sospechosos. Uno de ellos Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, cuyo edificio se ubica en las calles 9 de Octubre y avenida del Ejército en el centro de Guayaquil, en ese inmueble en un primer contrato se pretendía arrendar una oficina a 13 mil dólares mensuales a la Corte Constitucional del Guayas entre el 2014 – 2015, es decir que durante un año por ese alquiler se hubiera pagado 156 mil dólares, sin incluir el IVA. Sin embargo, en un segundo contrato se habría ejecutado el alquiler de la oficina por 78 mil dólares anuales, es decir pagarían 6.500 dólares mensuales.
Los auditores consideraron que esas oficinas se pudieron arrendar hasta en 2.800 dólares.
Salazar es esposo de Pamela Martínez, quien fue sentenciada en el caso Sobornos por el delito de cohecho. Ella fue electa en octubre de 2015 jueza de la Corte Constitucional.
Fuente: Fiscalía, 24ecuador.com, El Universo, redes sociales