Al igual que otros analistas, Alejandro Ponce criticó que, en lugar de generar política pública de prevención, el Estado siga impulsando acciones reactivas.
Alejandro Ponce, abogado y especialista en Derechos Humanos, consideró que la declaratoria de estado de conflicto armado no internacional, al parecer busca aplicar la fuerza más allá de los límites previstos en un estado de excepción, en el que no existen reglas.
“Con el decreto se pensó que se podía usar la fuerza sin restricciones legales y constitucionales”, agregó.
Ponce destacó que el crimen organizado, desde hace mucho tiempo, ha invadido todos los espacios posibles de la sociedad, incluyendo al sistema judicial, fuerza pública, instituciones públicas y la misma economía.
“Esta situación de hiper- criminalidad nos coloca en una excepcionalidad, pero no de conflicto armado”, consideró.
Alejandro Ponce aseveró que el Estado ha sido incapaz de tomar medidas para combatir al crimen, pues desde el 2016 ya se oía a los privados de libertad advertir que las cárceles empezaban a ser controladas por las bandas criminales, que buscaban operar desde ahí sus actividades ilícitas.
“Hay líneas de negocios que sostienen a este crimen como: el narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y la extorsión o vacunas”, acotó.
A criterio del catedrático universitario, la adopción del estado de excepción es inadecuada, porque no hay elementos que permitan sostener que hay uno o más grupos beligerantes enfrentándose al estado con propósitos de carácter miliar.
Además, Ponce remarcó que las arbitrariedades que se puedan cometer, en el marco de la ejecución de la declaratoria de conflicto armado interno, pone en riesgo a la sociedad, pues se pueden violar derechos.
“No se puede acusar porque una persona tiene tatuaje, por el color de piel distinto, por vestimenta. Es probable que se presenten falsos positivos y es grave porque los delincuentes siguen en la calle”, puntualizó.
Al igual que otros analistas, Alejandro Ponce criticó que, en lugar de generar política pública de prevención, el Estado siga impulsando acciones reactivas.