Se podrían presentar reclamos ante la CC contra las Instituciones que se violentan los derechos, agregó.
Jorge Benavides, abogado constitucionalista, señaló que las autoridades no tienen carta blanca para hacer lo que les da la gana cuando existe un estado de excepción, de ahí que destacó que sí existen límites y deberá ser determinado por la Corte Constitucional, tras las demandas que se presenten.
“Yo creo que la CC estará a la altura del grave momento Institucional que vivimos (…) como por ejemplo la reducción al presupuesto de las Universidades Públicas”
El experto manifestó que en los proyectos de Ley Humanitaria y la de Ordenamiento en las Finanzas Públicas que van contra la Constitución, por ejemplo, la contribución que se plantea por parte de los trabajadores privados y servidores públicos.
“Hay varias disposiciones legales que protegen los derechos de los trabajadores, se prohíben realizar descuentos. De ahí que todo este tipo de medidas si bien son comprensibles, no hay que olvidar que deben ir enmarcadas en lo que dice la Constitución”.
Otro tema, cuestionable por Benavides, es el intento de eliminar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y recordó que el Ejecutivo puede emitir sugerencias a esos sectores pero constitucionalmente no puede definir sus salarios o el destino de sus recursos.
“Puede haber una reducción de sueldos en la Función Ejecutiva como a ministros, viceministros, subsecretarios, y funcionarios en libre remoción (…) En otras entidades es complicado, porque hay autonomía y además los puestos de trabajo van fijados a determinadas partidas presupuestarias y unos ingresos, en ese sentido hay que tomar en consideración que los derechos de los trabajadores están protegidos en la Constitución”.
El jurista subrayó que aunque se apruebe la normativa correspondiente, eso no significa que la Asamblea pueda caer en inconstitucionalidades: “Se podrían presentar reclamos ante la CC, contra las Instituciones que violentan los derechos”.
Recordó que la CC, en marzo de este año, emitió su dictamen sobre el estado de excepción que inició por la emergencia sanitaria y estableció la protección de derechos a los grupos de atención prioritaria y que los gastos para salud y educación, que no pueden ser tocados: “Ahí debe enmarcarse la actuación del Ejecutivo”.
Reprochó que el Gobierno haya reducido el presupuesto a las Universidades y aunque reconoció que es una coyuntura difícil, aseveró que las autoridades debieron buscar alternativas para poder cumplir con el rubro presupuestado: “Las asignaciones a las no pueden ser reducidas o quitadas. Ante tanta dificultad económica se pudo haber intentado unas mesas previas con las Universidades para ver dónde se pueden ahorrar recursos”.