Este accidente afectó a 105 comunidades Kichwa y Shuar
La organización mundial, Amnistía Internacional, emitió un comunicado para expresar su preocupación por la situación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía ecuatoriana que han sido severamente afectados por el derrame de petróleo en sus territorios y por la pandemia del coronavirus.
En este sentido, explicó que 105 comunidades, principalmente de las nacionalidades Kichwa y Shuar, se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, por el derrame que ocurrió hace más de un mes y por la falta de atención del Estado Ecuatoriano. Debido a esto, exhortó al Gobierno a tomar las acciones de asistencia pertinentes.
“Amnistía Internacional recuerda que el Estado ecuatoriano debe guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos en su respuesta a la emergencia causada por el derrame de petróleo. Así, debe asegurarse que las personas y comunidades afectadas estén seguras y proveerles de la asistencia humanitaria requerida, con su participación, en todas las etapas de la emergencia”.
Amnistía Internacional @AmnistiaOnline expresa su preocupación por la grave vulneración que enfrentan comunidades de la Amazonía ecuatoriana debido al derrame de crudo y el #covid19. #DerrameSOSAmazonía #MedidasCauteralesYa @PresidentaCJ @GOYESDIEGO pic.twitter.com/cV6dTjkkjb
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 12, 2020
De igual forma, la organización mostró su preocupación por actos procesales de la justicia ecuatoriana que pondrían en riesgo las garantías del debido proceso en la acción de protección a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de petróleo.
“Por ejemplo, que el Juez del Cantón Orellana a cargo del caso les ha solicitado información no requerida por la ley como los datos de contacto de las entidades demandas para dar trámite a la demanda. Asimismo, el juez habría convocado con pocos días de antelación a una audiencia pública la cual presuntamente se celebraría por video sin considerar, las condiciones geográficas de la zona y la situación actual de la emergencia sanitaria que disminuye la posibilidad de acceder a medios virtuales para las personas y comunidades indígenas afectadas, así como para quienes ejercen su defensa”.
Para concluir, indicó que en la demanda se señalan como responsables del derrame al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, Petroecuador y la empresa privada OCP.
Fuente: CONAIE – Amnistía Internacional