No es la única que pide su derogatoria. La Defensoría del Pueblo, días atrás, hizo lo propio
Punto Noticias. La organización Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado ecuatoriano a que deroge el acuerdo del Ministerio de Defensa 179, que permite a las Fuerzas Armadas utilizar fuerza letal en protestas o manifestaciones y ponen en riesgo la vida e integridad personal de la población.
“El Derecho Internacional establece que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a cuerpos policiales civiles”, señala la organización internacional en su cuenta de Twitter.
#Ecuador: @DefensaEc debe derogar el Acuerdo Ministerial 179 que permite a las Fuerzas Armadas utilizar fuerza letal contra manifestantes, poniendo en riesgo la vida e integridad personal de la población. #RepresiónNoEsProtección
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 3, 2020
Amnistía Internacional se refiere al «Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» en situaciones de resistencia social interna.
El acuerdo contempla el uso progresivo de la fuerza por niveles, hasta llegar a la «resistencia agresiva agravada», que permite el uso de armas letales.
El acuerdo se emitió en una serie de manifestaciones que se generaron en el país, en varias ciudades, en rechazo a las últimas medidas económicas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno.
Por ello, la organización reitera que las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de garantizar el derecho a la protesta pacífica durante la pandemia de COVID-19.
No es la única que pide su derogatoria. La Defensoría del Pueblo, días atrás, hizo lo propio y explicó que existen evidentes omisiones constitucionales y legales que no cumplen con la protección de los derechos humanos de las personas y que, más bien, dota a las Fuerzas Armadas de un instrumento que guíe a sus miembros al uso de la fuerza en manifestaciones, reuniones, disturbios y otras situaciones de violencia interna.
Las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de garantizar el derecho a la protesta pacífica durante la pandemia de COVID-19, cumpliendo con las restricciones para proteger la salud pública.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 3, 2020