Evitar la corrupción en los procesos de compras públicas, es uno de los objetivos.
Punto Noticias. La Comisión de Régimen Económico del Legislativo aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública, que tiene por finalidad enfrentar la corrupción que se registra en esta materia, así como contribuir al cuidado de los recursos públicos, la transparencia y la prevención de delitos relacionados, que afectan a las instituciones estatales del país.
En el análisis de esta propuesta legal, el organismo legislativo recibió a 19 representantes de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, a 17 autoridades, con aportes para enriquecer el texto legal.
Los asambleístas reflexionaron en que cada centavo que se pierde en manos de las mafias de la corrupción representa, directa o indirectamente, menos recursos para atender a las familias más desprotegidas del Ecuador, al igual que menos servicios estratégicos para el desarrollo en áreas fundamentales, como educación, salud y seguridad.
Entre otros objetivos, el proyecto de reformas busca el afianzamiento e innovación de los principios rectores del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP); el control gubernamental y las desviaciones de este Sistema; el fortalecimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) como ente rector de la materia; la implementación de una reforma integral de las instituciones jurídicas del Sistema de Contratación Pública, posicionar a la compra pública como un mecanismo para generar ahorro de recursos públicos y garantizar la calidad del gasto público.
La Organización Transparencia Internacional, en su informe del año 2020, menciona al Ecuador como uno de los 26 países que han mostrado mejoras respecto al Índice de Percepción de Corrupción; sin embargo, no es suficiente en el ranking, pues registramos 39 puntos sobre 100 y en el puesto 92 de 180 países.
Durante la pandemia del COVID-19, que fue precisamente cuando se desarrolló el tratamiento del presente proyecto, hubo alertas que ratificaron la necesidad de impulsar cambios para mejorar la normativa relacionada con las compras públicas y el combate a la corrupción, en particular, abusando de la figura de contratación por emergencia para la provisión de insumos médicos que permitan atender a la población.
De acuerdo con la Contraloría General, hubo 22 contratos de salud con irregularidades. Fueron detectadas 22 violaciones en la contratación de bienes y servicios en el sector de seguridad.
Al cierre de 2020, Contraloría sostiene que impulsó al menos 123 acciones de control a diferentes contratos. De ellos, los que cautivaron mayor atención mediática fueron precisamente los relacionados con la adquisición de insumos médicos para los principales hospitales públicos y centros médicos del país.
Las alertas fueron dadas, en su momento, por el mismo Servicio Nacional de Contratación Pública, cuyas autoridades han reconocido que es urgente una reforma legal a la normativa de contratación pública para mejorar los controles. Por ejemplo, contar con la capacidad para poder intervenir lo antes posible y no cuando ya se han cometido los delitos, los implicados fugan y cuando los recursos del Estado se han desvanecido, señala el texto de la propuesta.
Fuente: Asamblea Nacional.