La propuesta busca que el Estado recupere recursos pagados por acción u omisión de funcionarios.
Punto Noticias. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene por objetivo recuperar los recursos que paga el Estado por condenas de tribunales nacionales e internacionales, por acciones u omisiones de sus funcionarios delegatarios o por quienes ejercen en su nombre una potestad pública.
La normativa propone reunir en un solo instrumento toda la normativa que sobre esta materia se encuentra dispersa en varias leyes, con el propósito de garantizar el patrimonio del país y evitar que la acción u omisión de funcionarios en el ejercicio de sus cargos provoque demandas nacionales e internacionales, por las cuales el país se obliga a pagar indemnizaciones, como en el caso del laudo arbitral que favorece a la compañía francesa Perenco.
El procurador considera que es urgente contar con un marco normativo moderno y ágil, que permita la correcta aplicabilidad del procedimiento de repetición en contra de aquellos que han sido responsables de perjuicios económicos en contra del Estado ecuatoriano. Por esta razón, solicitó que se dé una alta prioridad a su trámite en la Legislatura.
La propuesta prevé recursos sencillos y rápidos que sean aplicables por los jueces o tribunales competentes, garantizando el debido proceso de los agentes presuntamente responsables. A la vez, amplia el alcance de la acción de repetición a todos los potencialmente responsables de acciones u omisiones que han afectado al patrimonio estatal.
La norma fortalece las actuaciones del procurador general como abogado del Estado en estas acciones, en coordinación con las entidades estatales competentes, según explicó Salvador.
La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca, manifestó que la Asamblea dará a este proyecto el trámite previsto en la ley, dentro de los tiempos establecidos, para que el Ecuador cuente con una normativa tan importante, en defensa de los recursos que pertenecen a los 17 millones de ecuatorianos.
Fuente: Asamblea Nacional.