Pablo Romero y otros cuatro exfuncionarios de la desaparecida Senain son acusados del delito de peculado en el caso denominado Caminito.
Punto Noticias.- Ante la inasistencia de Pablo Romero, exsecretario de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y de la jueza nacional Daniella Camacho, la audiencia de recusación contra ella fue diferida.
La demanda de recusación fue planteada por Romero dentro del proceso judicial que investiga el delito de peculado que habría ocurrido dentro de la operación de inteligencia denominada Caminito.
Juan Carlos Perea, abogado de Romero, comentó que su cliente ha asegurado que la jueza Camacho, desde el caso Balda, ha actuado contra él al momento de no excluir pruebas que él solicitó, de no dar nulidad y de inclusive validar un proceso que está ya prescrito.
Manifestó que su defendido está haciendo todo lo que la ley le permite ante la situación presentada con la jueza Camacho que es parte del Tribunal de Juzgamiento del caso Caminito junto con la conjueza Mercedes Caicedo, quien reemplaza en la ponencia de la Sala al juez Marco Rodríguez y al juez nacional Byron Guillén. Justamente, la audiencia de recusación debía ser instalada por Caicedo y Guillén.
La recusación interpuesta contra Camacho impidió que el 25 de mayo pasado se instale la audiencia de juzgamiento contra las cinco personas que fueron llamadas a juicio por el delito de peculado.
En aquella ocasión, el Tribunal señaló que una vez citada la recusación se suspenderá la competencia del juez recusado para tratar el proceso de peculado del caso Caminito en el que a más de Romero son procesados Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano,
Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice.
Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) del 2014 en el que se declara indicios de responsabilidad penal motivó que la Fiscalía efectúe la investigación sobre el uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el período del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.
Las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación que alcanzó los USD 13,3 millones, de los cuales se destinaron a la operación Caminito USD 110.984.
Los jueces a cargo de tratar la recusación señalarán nueva hora y día para que se lleve a cabo la audiencia, así como se notificará al Centro de Privación de Libertad de El Inca, en Quito, para que Romero asista a la diligencia por videoconferencia.
Fuente: El Universo, redes sociales