La resolución se adoptó en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete personas, entre ellas el exgerente de la Epmaps.
Punto Noticias.- La causa por presunto peculado ocurrido en la compra de mascarillas, visores y trajes de bioseguridad para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) regresa a etapa de instrucción fiscal.
La jueza Penal de Pichincha, Ana Lucía Guerrón, declaró la mañana de este miércoles 24 de febrero, la nulidad de lo actuado en este proceso desde la vinculación al caso de Sandra O., gerente de la empresa Silverti. Acto que consta en la foja 522 del expediente.
La decisión se adoptó durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, contra siete personas.
La declaratoria de nulidad se la hizo luego de analizar los vicios de nulidad que podrían afectar todo lo actuado dentro del proceso.
Entre los procesados está el exgerente de la Epmaps, Guido Andrade, así como los funcionarios municipales Astrid A., Óscar M., Mateo A., Sandra O., Juan A. y Adrián A.
De acuerdo a las investigaciones, los insumos adquiridos tenían como objetivo ser entregados al personal de la Epmaps para que enfrente la pandemia de Covid-19.
El 4 de junio de 2020 se inició la instrucción fiscal en este caso contra el exgerente de la Epmaps. Al inicio se dispuso la prisión preventiva, pero meses después un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha levantó esa medida cautelar y la cambió por la presentación periódica, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
Según abogados que están pendientes de este caso, con la nulidad declarada, que abarca hasta el 10 de septiembre de 2020, el proceso regresa a los últimos 30 días de la instrucción fiscal.
Esteban Ballesteros, abogado de Andrade, dijo que en este caso el peculado no se configura. Según él, su cliente no firmó el contrato en este proceso, sino que lo único que hizo es declarar la emergencia para la Epmaps, delegar la contratación a una de las gerencias inferiores a él y posteriormente, siendo su responsabilidad, declaró la terminación unilateral y anticipada del contrato.
Paúl Ocaña, defensa del exadministrador del contrato, Óscar M., en cambio, aseguró que su defendido no participó de las fases contractual, precontractual y únicamente hizo parte de la etapa de ejecución en relación a las cláusulas del contrato de adquisición que se había firmado.
Dijo que no se ha demostrado que exista peculado, ya que no habría perjuicio contra el Estado, puesto que la Epmaps recibió el 100% de los materiales adquiridos y la entidad solo pagó el 50% de ellos.
En este proceso de contratación se iba a pagar USD 167.920 y habrían participado tres empresas, de las cuales Silverti fue la seleccionada.
Fuente: El Universo, redes sociales