Fiscalía también solicitó la versión del excanciller Ricardo Patiño y de la exministra María de los Ángeles Duarte.
Punto Noticias.- Como parte del desarrollo de la investigación en el Caso Reconstrucción de Manabí, por el presunto delito de peculado, la Fiscalía estableció un cronograma de toma de versiones dirigidas al expresidente de la República, Rafael Correa, y a exfuncionarios de su Gobierno.
El pasado 21 de marzo, el ingeniero Manuel Gilces Mero debía dar su testimonio de manera telemática y para ayer estaba previsto que lo haga la economista Gabriela Rosero.
Para este sábado estaba previsto que en la Fiscalía General del Estado se tomen, desde las 08:00, las versiones libres, voluntarias y sin juramento de Milton Maldonado y de Víctor Salvador. La de este último es una ampliación y estaba fijada para las 09:00.
El día lunes 25 de marzo, a las 13:00, está prevista la toma de versión de Ricardo Patiño. A las 14:00 de María de los Ángeles Duarte. Ambos comparecerán de manera telemática.
Mientras, para el 26 de marzo está previsto que, a las 15:00, rinda su versión, de manera telemática, el exministro Walter Solís y, a las 16:00, el expresidente Rafael Correa.
La Fiscalía incorporó al expediente informes policiales, de Criminalística, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y periciales.
En este caso, la Fiscalía investiga un supuesto mal uso de recursos de la Ley de Solidaridad que se creó luego del terremoto de 2016.
El pasado 5 de enero, el entonces juez nacional Luis Rivera ordenó la prisión preventiva en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción.
En la diligencia, el juez también dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica en contra de Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. Además, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes por USD 122 492 millones, así como la retención de cuentas bancarias, para los tres procesados.
Ese día, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que hubo un manejo irregular de recursos para atender las obras urgentes que requería la zona afectada por el terremoto. Los fondos provenían de la Ley de Solidaridad creada para atender a la población afectada por el desastre natural.