Fiscales de Chile, Bolivia, Andorra, Perú, Uruguay, así como los Procuradores Generales de Panamá, Argentina, Brasil y otros, firmaron el documento de respaldo
Punto Noticias. “Expresamos nuestra preocupación por los actos que podrían constituir presiones indebidas sobre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador”, dice el comunicado firmado por 11 fiscales y procuradores de Iberoamérica, tras el intercambio de información sobre el caso “Uriel”.
Los fiscales de Chile, Bolivia, Andorra, Perú, Paraguay, Guatemala, Uruguay, así como los procuradores Generales de Panamá, de Argentina, Brasil, Portugal emitieron un comunicado de respaldo a las Fiscalía de Colombia y Ecuador.
Expresan la importancia de “la defensa de la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos frente a cualquier tipo de intimidación por el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”.
El documento se emite, luego de que el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, arribó a Quito el pasado 12 de febrero para mantener una reunión con su homóloga ecuatoriana, Diana Salazar. El objetivo del encuentro fue intercambiar información que se halló en los dispositivos digitales atribuidos a Andrés Vanegas Londoño, alias “Uriel”, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sobre supuestos financiamientos a la campaña electoral de Andrés Arauz (UNES), quien ganó la primera vuelta electoral y aclaró que es una “burda mentira”.
La revelación de esta información, por parte de la revista colombiana Semana, ocurrió días antes de las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021. Varios políticos y académicos, de ambas naciones, criticaron el viaje del fiscal colombiano en pleno periodo electoral. Por ejemplo, el expresidente colombiano, Ernesto Samper, calificó de un “juego sucio».
En Ecuador, desde la alianza política Unión por la Esperanza (UNES), que auspicia la candidatura de Arauz, calificaron de una nueva persecución política. El expresidente Rafael Correa aseguró que se trata de “la campaña sucia internacional”.
Los cuestionamientos a la actuación de las fiscalías de Ecuador y Colombia impulsaron a los 11 firmantes a expresar su respaldo. “Rechazamos los actos de presión contra las instituciones que dirigimos, que afectan su autonomía e independencia en la búsqueda de la verdad, bajo el principio de objetividad, y esclarecimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delitos”, dice el documento.