Sostiene que cerrar medios por vía administrativa es más grave aún.
Punto Noticias. Para Arturo Moscoso, docente universitario, defensor de derechos humanos, lo que hoy estamos viviendo, en el Gobierno del presidente Lenín Moreno, es una libertad de expresión mucho más respetada, en comparación con el régimen anterior, de Rafael Correa.
Moscoso es crítico de nuestra emisora, de la que escribió en su cuenta de Twitter: “Radio Pichincha Universal es una radio pública que se sostiene con fondos públicos para hacer propaganda correísta. Cero pluralismo y diversidad de criterios en sus programas. ¿Es eso libertad de expresión? Por ello, le invitamos a dialogar en nuestro informativo sobre sus opiniones.
A decir de Moscoso, en el gobierno de Correa hubo un número muy grande de medios cerrados y otro, más grande aún, de medios sancionados, a través de la Superintendencia de Comunicación, utilizando la Ley de Comunicación.
Aunque, el académico admite que, en la actualidad, la libertad de expresión no se respeta en todo momento ni en todo lugar. Hay siempre, por parte del Estado y esto pasa en todas partes, violaciones a la libertad de expresión, que tienen que controlarse, sobre todo las sanciones a medios a través de medidas administrativas, dijo.
Considera que las sanciones a un medio de comunicación, sobre todo con la amenaza de un cierre, deben ser de última ratio (último argumento o razón), a través de procesos en los que el medio pueda defenderse.
“Cerrar un medio de comunicación es un tema grave y serio”, advierte Moscoso, porque la libertad de expresión hay que entenderla en sus dos dimensiones: social y personal. Personal, porque es la forma en que uno expresa sus ideas; y, social porque, además, permite al resto de la sociedad estar informada sobre los hechos que le importan y sobre los que tiene que tomar decisiones en su vida, alega.
Argumenta que se puede cerrar un medio por atentar contra la seguridad del Estado, que es el extremo al que se puede llegar y que tiene relación con el principio del daño y del delito, en el que el derecho a la libertad de expresión es absoluto, hasta que se mete con los derechos de terceros. Y, atentar contra la seguridad del Estado, dentro de un estado de derecho, es un delito sumamente grave, que se lo debe probar en el proceso.
En este contexto, el defensor de derechos humanos se refirió a las acciones legales y administrativas contra radio Pichincha Universal y señaló que entiende que a la emisora se le abrió un proceso de cancelación de su título habilitante (cierre de transmisiones). Apuntó que la radio tiene las herramientas legales para demostrar que no ha incumplido con la ley.
En opinión de Moscoso, los proceso contra la emisora no quiere decir que haya una espada de Damocles sobre la radio para cerrarse ya, porque en la vía administrativa no se han agotado todos los caminos; y, aún después de ello, el caso puede pasar a instancias judiciales, que incluso puede llegar hasta la Corte Constitucional para que se pronuncie si la pretendida sanción contra PU tenía razón de ser, o no.
A su entender, las sanciones contra los medios, por vías administrativos es más grave aún, que es lo que cuestionan los organismos internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, porque el Estado utiliza todo su poder contra la capacidad limitada de un medio para defenderse.