Debido a que no se principaliza nuevamente el asambleísta Yofre Poma, esta es una exigencia de sus compañeros de la bancada de la revolución ciudadana.
Punto noticias.- La Ley de Movilidad Humana no tuvo mayor éxito en la Comisión de Relaciones Internacionales, no se logró aprobar el informe para el primer debate de las reformas propuestas en dicha ley, antes de la primera vacancia legislativa, como se había propuesto esta mesa legislativa.
Esta comisión ha suspendido la sesión prevista para este viernes 21 de febrero, ya que no logra contar con el quórum obligatorio para continuar con la votación del informe del proyecto de ley, la última reunión de la sala, terminó en medio de incidentes de asambleístas gobiernistas y del correísmo.
Son 13 nudos críticos que tiene el proyecto, asegura el presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), “tenemos algunos temas menaje de hogar, por ejemplo, de los ecuatorianos que retornan; el registro que generó la Cancillería de los migrantes retornados”, dijo.
Además, se encuentra la polémica propuesta de la deportación de ciudadanos extranjeros, donde la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio los puntos de vista del régimen, indicando que no se trata de “deportaciones masivas”, sino que se realice el debido proceso en la legalización de documentos, frente a la propuesta que entregó el Ejecutivo en agosto de 2019.
“Hoy día sí se puede deportar a una persona, pero primero tiene que ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego se la puede enviar a su país”, afirmó Romo, cuando se presentó en la Comisión el miércoles pasado.
Incluyó la Ministra en el pedido que se haga una lista de causales para inadmisión de extranjeros, por ejemplo, para el caso de personas procesadas por delitos sexuales. Los países tienen el derecho a admitir o no a los extranjeros, subrayó.
Los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana exigieron a Flores que no convoque a la Comisión en tanto no se resuelva el estado de su compañero asambleísta Yofre Poma, a quien un tribunal le suspendió de manera condicional la pena de 1 año y 4 meses de cárcel por paralización de servicios públicos.
Fuente: El Comercio