De otro lado informó que en la visita de la CIDH a Ecuador se espera una visita a Jorge Glas.
El abogado y asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, señaló que el exvicepresidente Jorge Glas, sigue siendo beneficiario de las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo destacó que ahora está en trámite un proceso de ampliación del recurso, solicitado desde hace un año, en el contexto de violencia en las cárceles.
Recordó que el exsegundo mandatario fue sentenciado con el Código Penal antiguo, por lo que merece una pena unificada, por tanto si se considera la pena más alta de ocho años, ya cumplió con el 50% de la sentencia y se está acercando al 60%: “Cuando el beneficio en el anterior Código era dos quintas partes, es decir el 40%”.
Manifestó que con la pandemia y el asesinato de Harrison Salcedo, abogado de Glas, se vio congelado el proceso. En todo caso dijo esperar que en la agenda de la CIDH este prevista la visita al exfuncionario en la cárcel de Latacunga: “No sé qué comisionados vengan, en los próximos días tendremos novedades al respecto”.
Informó que a nivel internacional de han dado pasos gigantes en el tema de Glas por lo que muy pronto se espera una respuesta del Comité de Derechos Humanos por la persecución: “La verdad siempre triunfa y ya nos veremos las caras y espero que pronto”.
Crisis carcelaria
Jarrín indicó que ya en la pandemia la CIDH emitió un cuadernillo de recomendaciones entre las cuales se hablaba de la necesidad de resolver el hacinamiento y tal cuan en la administración de Lenín Moreno, hoy el Gobierno de Guillermo Lasso lanzó un decreto de indultos de manera generalizada que tiene una gran cantidad de excepciones, por lo que al momento de aplicarse terminará beneficiando a apenas 200 o 300 personas: “Pero no generará nada en el problema de hacinamiento”.
Mencionó que se ha reunido con familiares de las víctimas de la masacre en la Penitenciaría del Litoral ocurrida el pasado 12 de noviembre y encontró datos escandalosos como que existen personas con seis años de prisión preventiva o quienes ya han cumplido sentencia pero por cambio de cárcel se han tenido que quedar seis meses más: “Me voy a involucrar de forma profunda en la situación de las familias”
En todo caso, calificó como torpe el intento de controlar las cárceles de la manera en cómo lo hizo el Gobierno: “Debieron ser más agresivos para determinar medidas y combatir el hacinamiento”.