Mientras, ministra de Turismo confirmó que recibió las dos dosis de la vacuna, junto a su esposo.
Punto Noticias. Hubo compras con sobreprecios en insumos y bolsas para cadáveres, a través de unidades médicas del Ministerio de Salud y del Seguro Social, confirmó Juan Javier Dávalos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización del Legislativo.
El consejero presentó informes de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Fiscalización recibió más pruebas de cargo, solicitadas por los proponentes Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, así como pruebas de oficio, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Según Dávalos, entre los hallazgos consta que hubo sobreprecios en la adquisición de bolsas para cadáveres, batas manga larga, visores y mascarillas, entre otros insumos, que van entre el 486% y el 527%, considerando el valor unitario, respecto del costo con el cual se contrató en otras unidades de salud de la red pública.
En la mayoría de los casos, las posibles conductas penales en que se habrían incurrido están peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y colusión. Todos los informes fueron remitidos a las autoridades pertinentes, entre ellas, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, sostuvo.
Mientras, la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, ratificó que ella y su esposo recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, entre enero y febrero del presente año.
Contó que recibió un mensaje, vía WhatsApp, de Gabriela Gómez, entonces asesora del ministro Juan Carlos Zevallos, con la fecha y hora en que debían presentarse para recibir la vacuna.
Aclaró que, en ningún momento, ni a título personal ni como ministra de Estado solicitó que se la considere en la lista para la inmunización. Cree que fue parte del proceso y se la llamó para la respectiva inoculación, debido a su trabajo en territorio, en contacto con personas que deben mantener cuarentena al llegar al país, así como por ser parte de la tercera edad.
Pedro Molina, director asistencial del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, detalló el trabajo que cumple esta casa de salud en atención a los pacientes con COVID. Afirmó que ninguna de las autoridades, funcionarios, trabajadores del hospital tuvieron incidencia en la determinación de a quién y cuándo vacunar.
A decir de este funcionario, el momento en que hubo gente que no pertenecía a la primera línea, tomó los correctivos necesarios, a fin de que se privilegie al personal sanitario.
Fuente: Asamblea Nacional.