El perito Roberto Meza, encargado de la elaboración del informe, sería una de las tres personas señaladas para cancelar esos recursos.
Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado dispuso el reintegro de USD 23 400 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, quien denunció presuntas irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en 2008.
El pasado 26 de octubre, el ente de control notificó al perito Roberto Meza, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño con la orden de pago. Los dos últimos como responsables subsidiarios.
Según la Contraloría, los más de USD 23 000 se invirtieron en la contratación de una consultoría para investigar el asesinato del general Gabela. El comandante de la FAE fue baleado en su domicilio el 19 de diciembre de 2010 y 10 días después falleció.
Si bien las personas señaladas por la Contraloría pueden impugnar este informe ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la entidad detalla cómo se habría dado el proceso de contratación.
Fue en 2012 que el expresidente Rafael Correa creó, mediante Decreto Ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En esa época se contrató por USD 78 000 la consultoría del perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe sobre la muerte del general.
Patricia Ochoa, viuda de Gabela, insistió en la investigación y fue así que se realizaron tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía identificar el móvil del crimen; y, el tercero tenía que ver con establecer los autores intelectuales si se llegaba a determinar que el asesinato fue por delincuencia organizada.
Los resultados de las pericias arrojaron que no se trató de un crimen por delincuencia organizada, sino por un delito común.
Fue entonces que la Contraloría examinó el contrato, pero el tercer producto había desaparecido de los archivos públicos, ya que no existió una evidencia de él. Sin embargo, por disposición de la Corte Constitucional (CC), que tramitó una acción extraordinaria de protección impulsada por Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo, se reconstruyó el tercer producto que fue entregado en julio pasado.
En su momento, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró que la Contraloría no la sancionó.
Mientras, en 2019, el ente de control ejecutó un nuevo examen a la gestión documental del Ministerio de Justicia.