La entidad detectó irregularidades en los procesos de contratación y en la emisión de carnés de discapacidad, dentro del contexto de la crisis sanitaria.
Punto Noticias. La Contraloría General del Estado (CGE) remitió, entre marzo y diciembre de 2020, 64 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el contexto de la pandemia derivada del COVID-19.
En el informe de gestión, Valentina Zárate, quien está al frente de esta entidad de control, señala que también se emitieron 260 órdenes de trabajo para iniciar exámenes especiales en diferentes instituciones como hospitales, entidades del Ejecutivo, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y los institutos de seguridad social de la policía, fuerzas armadas y el IESS.
En total, son 134 auditorías que se aprobaron, tras su resultado, 64 informes tienen indicios de responsabilidad penal: 22 a GAD y empresas públicas provinciales y 15 a dependencias del Ministerio de Salud.
Los informes señalan que no se respetó, en algunos casos, el proceso del Sistema Nacional de Compras Públicas. Por ejemplo, no se consultó procesos anteriores para buscar proveedores y obtener los mejores precios. En otros casos, eran seleccionados proveedores registrados en actividades que no tenían relación con lo solicitado.
Además, detallan casos en los que se aplicó el IVA a todos los productos de los kits alimenticios, aunque algunos no gravan dicho impuesto.
Por el caso de la emisión irregular de carnés de discapacidad, la institución de control inició 70 auditorías, de las cuales, 16 exámenes ya finalizaron y hay dos con indicios de responsabilidad penal.
Identificaron que se emitieron carnés en los días de cuarentena cuando los servicios estaban suspendidos.
En esta investigación, hubo 808 carnés expedidos sucesivamente, en rangos de entre 3 a 25 minutos. Otros 74 fueron emitidos en fines de semana. También hubo emisiones continuas de hasta 3 carnés en aproximadamente 20 minutos, fuera de la jornada laboral.
Fuente: El Comercio