Marco Enríquez-Ominami es víctima de judicialización política, acusa el Grupo de Puebla.
Punto Noticias. El Grupo de Puebla y su equipo jurídico, CLAJUD emitieron declaraciones públicas en apoyo a la iniciativa del excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, para recuperar sus derechos políticos, acusando lawfare en su contra.
Entre los firmantes destacan el candidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz, la jurista brasileña Carol Proner, la abogada y ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta.
Expresidentes, candidatos presidenciales y reconocidos abogados iberoamericanos, entre estos, Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Baltazar Garzón, apoyaron públicamente la decisión de Marco Enríquez-Ominami de recurrir a la CIDH, tras la suspensión de sus derechos políticos.
El Grupo de Puebla y su equipo jurídico CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia) respaldaron la decisión del excandidato presidencial para recuperar sus derechos políticos, “luego que le fueran suspendidos, impidiéndole participar de un proceso histórico por el que él mismo ha venido luchando hace más de 10 años”, señala el comunicado.
“Se trata de otra guerra jurídica -lawfare- a través de la que se está persiguiendo a líderes progresistas de la región, coartando sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, su movilidad o su arraigo geográfico”, explica la agrupación iberoamericana de líderes progresistas, en la que participan nueve expresidentes, candidatos presidenciales y dos gobiernos en ejercicio.
“Apoyamos también su iniciativa al denunciar a organismos internacionales la vulneración de su presunción de inocencia y la violación de su derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, lo que ha sido sistemático contra líderes y procesos progresistas en América Latina”, recalca el comunicado, firmado –entre otros- por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; su par por Ecuador Rafael Correa; el exmandatario de Paraguay Fernando Lugo; el candidato presidencial de Ecuador Andrés Arauz; y los chilenos Carlos Ominami, Karol Cariola, Camilo Lagos y José Miguel Insulza.
Rechazaron “esta forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales, para detener cualquier pretensión política y propuesta progresista de reconstruir la esperanza, recuperar la dignidad, la verdadera soberanía y la justicia para nuestros pueblos”.
El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, representado -entre otros- por el juez Baltazar Garzón; la jurista brasileña Carol Proner, y la abogada y ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que realizará un seguimiento del caso para proteger las “garantías jurídicas, constitucionales y convencionales que, en situación de austeridad económica y política, parecen sacrificados por la utilización instrumental de procesos penales de excepción”.