La Corte Constitucional (CC) dio luz verde a las medidas propuestas por el presidente Guillermo Lasso, que incluyen rebajas en el Impuesto a la Renta y nuevos impuestos en espectáculos y sitios de pronósticos deportivos. Las zonas francas quedaron excluidas.
La Corte Constitucional (CC) aprobó, después de casi un mes desde que el Ejecutivo disolviera al Legislativo, mediante muerte cruzada, uno de los decretos en materia económica que envió, el pasado 17 de mayo de 2023. Se trata de Ley Orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, en materia tributaria.
Sin embargo, la Corte negó el segundo cuerpo legal enviado, Ley Orgánica Reformatoria para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, que incluye la creación de zonas francas.
Tras una extensa sesión telemática, de casi cuatro horas, el Pleno de la Corte emitió la resolución, hoy, 16 de junio de 2023.
🔴 #Atención l La @CorteConstEcu emite dictamen favorable sobre el decreto – ley de reforma tributaria, pero no avala el decreto – ley sobre zonas francas. Estas iniciativas fueron emitidas por el presidente @LassoGuillermo tras la disolución de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/Q47A8c24es
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 16, 2023
Una de las principales novedades de esta reforma es el aumento en las deducciones de gastos, lo que permitirá a los contribuyentes rebajar el Impuesto a la Renta hasta un límite anual de USD 15 294. Esta modificación se traducirá en un alivio fiscal para los ciudadanos, quienes verán reducido su pago de impuestos a partir de este año.
Además, la reforma también contempla la implementación de un nuevo impuesto dirigido a los sitios de pronósticos deportivos, así como la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los asistentes a espectáculos públicos, como conciertos, partidos de fútbol, etc.
El artículo 148 de la Constitución dice, en su último inciso, que «hasta la instalación de la Asamblea, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo».