En seis meses, juntamente con Salud, debe informar a la Corte sobre el cumplimiento del pago.
Punto Noticias. Mediante sentencia, emitida el pasado 30 de septiembre, la Corte Constitucional (CC) ordenó a los ministerios de Finanzas y Salud Pública que establezcan, en el término de 15 días, un plan programado para cumplir con los pagos pendientes a los prestadores de servicios de diálisis e informe, en este mismo plazo, a la CC.
La resolución del organismo constitucional fija, además, un plazo de seis meses para que Finanzas remita un informe sobre el cumplimiento del pago de las asignaciones presupuestarias.
Hasta este jueves 8 de septiembre ha corrido la mitad del plazo para que las autoridades de las señaladas carteras de Estado elaboren el plan de pagos, que deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su conocimiento. Sin embargo, nada han dicho al respecto.
El valor pendiente es de más de 250 millones de dólares, según los representantes de las 83 clínicas de diálisis privadas, que desde hace 12 meses buscan que el gobierno central les pague esta deuda, por atender de manera ininterrumpida a más de 13.000 pacientes renales derivados del Ministerio de Salud Pública.
Cristina Freire, vocera de estos centros, reclama que no han podido pagar sueldos a su personal y a proveedores de insumos médicos, por lo que corren el riesgo de no poder atender a más pacientes.
Considera que el Gobierno Nacional no solo ha incumplido con las clínicas de diálisis, sino con el artículo 50 de la Constitución de la República, que manda que el Estado debe garantizar una atención prioritaria a las personas que padecen enfermedades catastróficas.
Según aseguró, la última factura cancelada fue de septiembre del 2019, pese a lo cual los centros de diálisis no han dejado de atender a los pacientes con insuficiencia renal crónica.
Lamentó que más de mil pacientes fallecieron durante la pandemia, unos porque no pudieron dializarse y otros por el COVID-19, que complicó sus estados de salud, quienes además de su dolencia renal padecen otras enfermedades primarias, como diabetes e hipertensión.
Protestó porque, debido al año de iliquidez, tienen un sobrendeudamiento con entidades financieras y bancarias, multas con intereses al SRI y al IESS por atrasos en los aportes patronales.