La Ley de Apoyo Humanitario, el Decreto Ejecutivo 1053, y el Acuerdo Ministerial 179 del Ministerio de Defensa son los más cuestionados.
Punto Noticias.- Pese a que los decretos, los acuerdos ministeriales y las leyes siguen un trámite para entrar en vigencia, hay un último paso que deben seguir para que su aplicación sea total.
Se trata del control posterior de constitucionalidad que es potestad de la Corte Constitucional por pedido de cualquier ciudadano u organización que considere que con alguna norma se están vulnerando sus derechos o atentando contra el marco legal ecuatoriano.
Durante la emergencia sanitaria, la Corte Constitucional ha recibido 22 demandas por ocho normas con supuesta inconstitucionalidad.
En esa lista están: La Ley de Apoyo Humanitario; la Ley de Fomento Productivo; el Decreto 1053 relacionado con la disminución de la jornada de trabajo hasta un límite no menor a treinta horas semanales; el Decreto Ejecutivo 1021 que señala que las instituciones financieras y empresas de telefonía móvil deberán efectuar una retención mensual del 1.75% sobre el total de sus ingresos; el Decreto 1036 referente a la fusión de agencias de control; el Decreto Ejecutivo 1057 que menciona la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador; el Acuerdo Ministerial 179 del Ministerio de Defensa que habla del Reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de miembros de las FF.AA.; y la resolución del Ministerio de Trabajo sobre que el coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional.
De las 22 acciones de inconstitucionalidad presentadas durante la emergencia, tres normas acaparan el 73% de las demandas y son: La Ley de Apoyo Humanitario, el Decreto Ejecutivo 1053, y el Acuerdo Ministerial 179 del Ministerio de Defensa.
En poco más de un año en funciones, la Corte Constitucional, elegida por el Consejo de Participación que fue presidido por Julio César Trujillo, ya se ha opuesto a otras decisiones o normas del Gobierno relacionadas con la emergencia. El caso más reciente fue el recorte presupuestario a las universidades públicas y cofinanciadas.
También, la entidad solicitó al Gobierno explicaciones sobre sus actuaciones en la crisis sanitaria.
Fuente: Primicias, redes sociales