El Estado no puede manejar a las Instituciones como si fuesen sus bancos, donde puede cerrar o abrir agencias como le dé la gana, agregó.
Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), destacó que el Ejecutivo no los puede desalojar de un día para otro, contraviniendo a un contrato firmado con el Banco Central del Ecuador.
“Si lo hacen tendremos que activar medidas cautelares”, agregó el funcionario
El titular del Consejo señaló que en la intención de golpear, por odio, a los consejeros, el Gobierno terminará afectando a las 270 familias que trabajan en la Institución. Remarcó que por ello, los funcionarios incluso quisieron salir a las calles para rechazar el decreto del mandatario Guillermo Lasso para dejarlos sin edificio.
“Vamos a defendernos en derecho. La próxima semana solicitaremos a Procuraduría que haga la mediación que se debe hacer en caso de alteración de contrato”, informó Alembert Vera.
Mencionó que, en caso, de una acción dictatorial, de que ser sacados a la fuerza, los consejeros despacharán desde un parque, aunque también resaltó que algunos municipios y la misma Prefectura de Pichincha les ha ofrecido otorgarles un espacio para trabajar.
Vera enfatizó que a 18 días de gestión se ha querido entorpecer el trabajo del CPCCS, pues en el marco de ejercer sus competencias, dando paso a audiencias y demandas ciudadanas, se busca intimidar, avasallar y perseguir a los funcionarios.
“Pensaron que con esa dinámica íbamos a dejar de trabajar”, remarcó el Presidente del Consejo.
Reiteró que al Gobierno le molesta que la ciudadanía tenga la capacidad de generar audiencias generales, veedurías y observatorios que hagan fiscalización social, de ahí que se haya iniciado una indagación previa contra los consejeros, linchamientos mediáticos y ahora se busca quitarles el edificio.
“El Estado no puede manejar a las Instituciones como si fuesen sus bancos donde puede cerrar o abrir agencias como le dé la gana”, puntualizó Alembert Vera.
Para el funcionario, el mandatario desconoce del contrato firmado con el Banco Central por lo que ha caído en una ilegalidad con su decreto, ya que lo propio era llamar a una mediación y ahí determinar si se puede o no desalojar el edificio, o ir al Tribunal Contencioso Administrativo para bajo medidas legales resolver el caso.
“Es un acto ruin y con esto se acaba el mito de quien persigue a quien”.
Presunto plagio de tesis de la Fiscal General
Alember Vera mencionó que el CPCCS no puede generar de oficio una audiencia, ya que le corresponde a la ciudadanía hacer el pedido, ese es el caso de la Fiscal General, Diana Salazar, a quien el colectivo Acción Jurídica Popular denunció por supuesto plagio de tesis para obtener su título de abogada.
Aclaró que no existe ninguna fijación contra Salazar, porque estas mismas audiencias se han llevado con el ministro del Interior, José Zapata, por la falta de ejecución presupuestaria en el 2022; los consejeros del Consejo Nacional Electoral por el voto telemático en el exterior; y una con autoridades de CNEL por facturaciones de servicios eléctricos en Balzar: «No se persigue a nadie, son procedimientos normales», agregó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.