No vamos a responder a intereses personales o agendas partidistas, aseguró la titular del Cpccs.
Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), informó que el periodo de la fiscal General, Diana Salazar, culmina en abril de 2025, y por tanto la entidad iniciará el proceso de selección de la nueva autoridad a mediados de 2024.
“Estos concursos duran de 6 a 8 meses”, agregó.
Bonifaz indicó que en el Cpccs no hay mayorías, ni minorías y que las votaciones o resoluciones salen por consensos y apegadas a la Constitución, en ese sentido aseguró que de su lado no ha recibido ningún tipo de presión política, sobre todo en lo que se refiere a la reciente designación de Xavier Torres como Contralor General.
“Aquí no debe haber intereses personales y así hemos procedido, de acuerdo al reglamento”, puntualizó.
La titular del Cpccs señaló que, si bien se espera el pronunciamiento del sistema judicial en cuanto a una acción de protección presentada en contra del concurso para designar al nuevo Contralor, la entidad a su cargo tenía dos días para conocer el informe, elevarlo al Pleno y designar, por lo que no se podía desconocer norma legal en cuanto a tiempos.
“En mi administración se ha marcado un hito al poder designar a un titular en la Contraloría, después de más de seis años de tener subrogantes y un proceso de selección de más de dos años”, detalló.
Nicole Bonifaz enfatizó que su administración se enfocará en las tres atribuciones que tiene el Cpccs, como es: promover la participación ciudadana, luchar y prevenir la corrupción, y designar autoridades.
“No vamos a responder a intereses personales o agendas partidistas, así lo hemos venido haciendo”, reiteró.
La funcionaria explicó que aún están cinco concursos pendientes:
- Tribunal Contencioso Electoral
- Renovación parcial del Consejo Nacional Electoral
- Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa)
- Defensor del Pueblo, y
- Defensor Púbico
Sobre el concurso para Defensor Público, Nicole Bonifaz puntualizó que ha quedado en suspenso por dos acciones de protección que se presentaron. La primera pide que el proceso se retrotraiga a la fase de admisibilidad y la segunda que se continúe con la designación.
“Lo que hicimos fue elevar a la Corte Constitucional para que nos diga cómo actuar ante esta encrucijada constitucional, cuando se trata de estas acciones de protección”, resaltó.
En entrevista a Ecuavisa, la funcionaria dijo esperar que con el pronunciamiento de la Corte se pare con el abuso de las acciones de protección.