Durante toda la semana previa se preparó el escenario para que la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández se presentara frente al juzgado de Claudio Bonadío, ante las sospechas de un posible entramado de corrupción, que se basaba en fotocopias de anotaciones del chofer de un funcionario de segundo orden, Roberto Baratta.
Filtrados a través de notas periodísticas, esas fotocopias, señalan una operatoria dudosa de entrega de sumas de dinero en bolsos, de empresarios a miembros del anterior gobierno, para el financiamiento de campañas políticas.
El autor caligráfico de lo que dicen esos cuadernos, Oscar Centeno, es un militar que fue exonerado de la fuerza, luego de tirarle con una granada a otro oficial y más tarde considerado “inimputable”. El tema es que los cuadernos no son, ni aportan ninguna prueba, pero la estrategia del juez Bonadío y del fiscal general Carlos Stornelli era detener al mayor número posible de presuntos implicados y ofrecerles la libertad a cambio de declaraciones.
Así se fue confeccionando esta trama, que se ha volcado en todos los medios de comunicación, las 24 horas del día. Y justo el día que Cristina Fernández iba a ser fotografiada en los tribunales, de hecho lo fue, el Banco Central Argentino colapsó, debió vender millones de dólares de reserva para intentar evitar otra fuerte devaluación.
A las horas, reaccionó la Hacienda Argentina prohibiendo la venta de dólares, con seguridad luego de un llamado de la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Y más tarde desde el Banco Central anunciaron un mayor aumento de las tasas, 45 % y la cancelación de casi un billón de pesos en bonos de deuda para el día de mañana.
Desde la crisis de la convertibilidad que la Argentina no se había puesto en una situación tan desventajosa y crítica. A la recesión económica, se puede sumar la incapacidad de pago del Estado de sus obligaciones, o sea: Default.