Al menos cuatro meses tomaría que una nueva consulta popular lleve a las urnas a los ecuatorianos, este proceso le podría costar a Ecuador cerca de USD 20 millones.
Tras el triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador, Verónica Abad, vicepresidenta electa, celebró la victoria en Quito lejos de su binomio Daniel Noboa, quien se reunió con su familia en Olón (Santa Elena).
Durante la jornada electoral de este 15 de octubre de 2023, Abad, por primera vez, participó activamente en entrevistas y discursos. Estuvo en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Consulta popular en los primeros 100 días de gobierno
Durante la jornada, Abad habló sobre las prioridades del próximo gobierno liderado por Noboa, anunciando una consulta popular en los primeros 100 días en temas económicos y de seguridad para «sacar al país de la oscuridad».
La consulta popular ya había sido anunciada por Noboa, pero sin dar detalles sobre las preguntas. La vicepresidenta electa señaló que se enfocará en reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Sin consulta popular no podemos hacer las reformas necesarias de justicia”, resaltó Abad, quien además aseguró que este cuerpo legal sería usado como “arma para endurecer penas”. También habló de introducir jurados independientes para “romper la corrupción y a impunidad” y detalló que también serviría para la segmentación de las cárceles.
“La consulta popular tiene que ir y de manera inmediata”, sostuvo.
Ante el cuestionamiento de una periodista que señaló que hay gente a la que el roban diariamente en las calles, Abad respondió: “eso lo vamos a detener cuando haya una ley”.
En temas económicos, apuntó que buscan la reducción de impuestos en algunos sectores, como el de la construcción, e incentivar temas tributarios para atraer inversión al Ecuador.
¿El tiempo en contra?
Según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el binomio de Daniel Noboa y Verónica Abad debería posesionarse máximo hasta el 21 de diciembre de 2023. Considerando este plazo, según lo que sostiene Abad, la consulta popular debería desarrollarse hasta mediados de abril de 2023.
Daniel González, abogado especialista en derecho administrativo, indica que, tomando en cuenta los tiempos establecidos por los diferentes entes que intervienen para dar paso a una consulta popular, Ejecutivo, Corte Constitucional y CNE, 100 días serían insuficientes.
“Primero se debe establecer qué tipo de preguntas se harán; el siguiente paso es enviarlas a la Corte Constitucional, entidad que deberá emitir un dictamen favorable o no de los considerandos y las preguntas, y definir si se trata de consulta popular o referéndum. De ser favorable, pasaría al CNE. En el mejor escenario, el proceso tomaría más de 120 días”, explicó González.
Sin embargo, el proceso podría alargarse debido al control que debe realizar la CC sobre las preguntas, es decir, de considerarse que son inconstitucionales, esta entidad devuelve al ejecutivo el documento para que realice cambios.
“El envío a la Corte Constitucional se demoraría 45 días, sin contar con los cambios que podrían provocar que esta entidad devuelva el documento al Ejecutivo. Después de pasar este filtro, el CNE tendría un mínimo de 90 días para llamar a elecciones”, resalta el experto.
González recuerda que en el caso de querer modificar un cuerpo legal como el COIP, la reforma estaría marcada en un referéndum.
“La diferencia es que con una consulta popular se pretende hacer reformas sobre asuntos de interés público, mientras que un referéndum busca reformar un cuerpo normativo vigente”.
Y en este escenario, el tiempo variaría radicalmente ya que, según consta en la Constitución, debería tramitarse en primera instancia en la Asamblea Nacional.
El artículo 441 de la Constitución especifica que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, que no altere su estructura fundamental, se realizará mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
También puede realizarse por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, con el proyecto tramitándose en dos debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero.
La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En esta consulta popular, se podría gastar al menos USD 20 millones, según indicó el experto, considerando la última consulta popular realizada por Guillermo Lasso en febrero de 2023, que, según informó el CNE en una sesión del 2 de diciembre, fue de USD 18 081 698 58.
Esto podría representar una carrera en contra que debería enfrentar el nuevo mandato presidencial, el cual se extenderá desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025.