Ahora sí hablan de dar recursos cuando hay 79 privados de libertad que murieron descuartizados y decapitados, agregó.
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, señaló que la masacre registrada en las cárceles del país el pasado martes 23 de febrero demuestra la falta de competencia e ineficiencia del Gobierno Nacional, por lo que evidentemente el tema pasa a ser de preocupación de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
Recordó que los privados de libertas son considerados grupos de atención prioritaria porque están a la merced de los controles del Estado, el cual ha permitido el ingreso de armas, celulares y hasta droga al interior de los centros penitenciarios, mientras a la par no ha garantizado políticas de rehabilitación.
Argumentó que otro de los elementos que ha complicado este tema es creer que la inseguridad y delincuencia se solucionan con el endurecimiento de penas a través del Código Integral Penal, cuando aquello también pasa por la ausencia del Estado con políticas públicas que garanticen los derechos básicos de la población.
El funcionario resaltó que de nada sirvió los estados de excepción declarados el año pasado por parte del Gobierno Nacional en cual ni siquiera sirvió para destinar presupuesto al sector y sin embargo ahora sí se habla de entregar recursos cuando hay 79 privados de libertad que murieron descuartizados y decapitados: “Esto se produce al interior con la complicidad de muchos elementos de seguridad penitenciaria que permite el ingreso de armas, hemos cedido el control de las cárceles a las bandas y los grupos de poder, el sistema penitenciario no existe no tiene ninguna tipo de acción o reacción”.
Criticó que ahora el régimen busque culpables externos queriendo deshacerse de su responsabilidad, atribuyendo una financiación del ELN: “No entiendo que tiene que ver o qué tiene que ver que los Centros sean grandes, como si con cárceles pequeñas se pudiera controlar mejor cuando hay hacinamiento”.
Carrión aseveró que esto es parte de la lógica de un Presidente de la República que desconoce la realidad que vive el país y que varias veces ha mencionado que no le interesa los problemas de la población de ahí que también siga manteniendo en el cargo al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que ha usado bienes del Estado para beneficiar a su familia, acusado de tráfico de influencias y además no tenga un plan de vacunación mientras la ciudadanía que se sigue contagiando de Covid: “No es posible que sigamos asumiendo culpas de anteriores Gobiernos, porque si es así la lógica deberíamos entrar desde Juan José Flores porque no impulsó un Estado eficiente”.