Una psicóloga juzgada por alertar un presunto abuso sexual infantil y una madre que lleva cinco años exigiendo justicia para su hijo, violado por su padre cuando apenas tenía 4 años de edad, evidencian el tortuoso camino que recorren las víctimas.
Las Warmis.- La psicóloga Betty Soria será juzgada este 27 de abril por el presunto delito de falsificación de documento público, tras levantar un informe en el que se alertaba sobre el presunto abuso sexual a una menor.
En el 2020, la madre de la niña acudió a la consulta de Betty, debido a que la trabajadora social que la atendió durante el juicio de régimen de visitas, solicitado por su padre, levantó indicios de un presunto abuso sexual infantil.
La profesional de la salud, que trabaja en un hospital público, emitió el informe, en el que corroboró la alerta previa, y solicitó al sistema judicial que se investigue el presunto delito.
“Mi relación con la justicia es poner la alerta en conocimiento del sistema judicial y que ellos investiguen”, afirma.
Para Betty fue una sorpresa recibir esta demanda hace dos años, pues dentro de su labor como psicóloga, había realizado más de cien informes de presuntos delitos relacionados con menores.
Soria asegura que «es la primera vez que en Ecuador se utiliza esta estrategia jurídica, denominada Efecto Backlash o Contragolpe, para amedrentar a los profesionales que protegen a los niños y levantan alertas sobre presuntos casos de abuso sexual infantil».
La madre de la presunta víctima también será enjuiciada. Ambas se enfrentan a una pena de cinco a siete años de prisión. Pero, lo más grave, según la psicóloga, es que la pequeña está siendo revictimizada, después de que un abogado del presunto agresor, logró sacar del hospital el expediente médico. El documento ha sido exhibido públicamente y utilizado a su conveniencia.
Este hecho, que constituiría una presunta irregularidad, también se está investigando. Pero no se han determinado los responsables de facilitar la historia clínica de una paciente sin autorización; al contrario, el mismo sistema judicial ha impedido que se reserve la información.
Que se haga justicia por todo el daño que nos han causado.
Somos 3 mujeres a las que el sistema no les ha creído.
La menor, a la madre y a la profesional.
No a la violencia estatal. pic.twitter.com/4eWPA6bc1O— Betty Esperanza Soria Peñafiel (@BettyHopeSP) March 26, 2023
Betty también se muestra indignada porque este caso, con el que pretenden llevarla a la cárcel, avanza con mayor celeridad que el juicio por presunto abuso sexual en contra del padre de la menor. El ciudadano alemán salió del país sin ningún impedimento y atiende las diligencias vía telemática.
Betty ha denunciado que el sistema les ha fallado, y cree que se está enfrentando a personas con poder, representados por abogados que fueron exfiscales y que dentro de los juzgados son considerados como “intocables”.
A pesar de toda la tragedia, que ha representado enfrentar el proceso penal, incluso en estado de embarazo de alto riesgo, Betty Soria asegura que volvería a levantar la alerta e intentar proteger a la menor de un abuso sexual.
“Las personas que estamos en la primera línea de defensa (de las infancias) debemos entender que este es un efecto que podría existir, y no dejarnos intimidar. No ocupemos estos puestos si no estamos dispuestos a cruzar la línea para defender a los niños de estas personas que son perversas”, dice enfática.
Justicia para Samuel
Pero este no es el único caso en el que un menor es revictimizado por el sistema judicial. La mañana de este 25 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de juicio en el caso de Samuel (nombre protegido), un niño que fue violado por su padre cuando tenía 4 años de edad.
La madre de Samuel lleva casi cinco años exigiendo justicia para su hijo, quien habría sido atacado por su padre , un exservidor público de la Fiscalía General del Estado, el 4 de agosto de 2018, durante el régimen de visitas. Samuel fue amenazado, torturado y violado en reiteradas ocasiones.
Dentro del proceso penal se ordenó la prisión preventiva para el violador, pero éste se fugó. La Interpol logró capturarlo en Perú. Sin embargo un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha lo favoreció con un hábeas corpus parcial y lo dejó en libertad, sin notificar a la víctima, ni a la Fiscalía, impidiendo que puedan apelar la decisión.
Según la Fundación Aldea, que acompaña el proceso, Samuel fue revictimizado constantemente en el sistema de justicia, ya que fue sometido a tres peritajes psicológicos, entre otras actuaciones.
#LlamadoALaAcción | Ven a dar respaldo a una madre que busca justicia por su hijo, violado y torturado por su padre, cuando tenía 4 años.
Ven a la audiencia, mañana 25/abril en #Quito 8H30 en Complejo Judicial Norte.
@CJudicaturaEc
Contra el abuso sexual #RespondemosTodas pic.twitter.com/9ZoXTPGZ36— Fundación ALDEA (@AldeaFundacion) April 24, 2023
La tía del niño acudió a la vigilia en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito- Dijo que se siente indignada porque la justicia no ha realizado un trabajo efectivo. Explicó que las pruebas fueron contundentes y corroboradas por las sicólogas de la Fiscalía, pese a ello, hasta este momento no se ha logrado justicia y reparación para el niño, que sufrió un daño sicológico grave, debido a las agresiones de las que fue víctima.
“El día de hoy esperamos que la justicia se ponga del lado de mi sobrino, que es una persona indefensa, frente a un monstruo que fue su padre”, exigió la familiar del menor.