La senadora y expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio ayer una conferencia de prensa para exponer sus puntos de vista sobre la orden de prisión preventiva que dictó en su contra el juez Claudio Bonadío.
Además de recordar que es el juez en funciones con más cantidad de denuncias por mal desempeño, abuso de poder y otras conductas inapropiadas, explicó que el mismo Bonadío había sido desplazado de la causa por el atentado de la AMIA señalado como facilitador del encubrimiento del crimen. Ahora, ya desaparecido el fiscal que lo había denunciado, Bonadío utiliza la denuncia presentada por el fiscal Nisman para ordenar la prisión preventiva de una serie de funcionarios por traición a la patria.
La libre interpretación del juez, no se corresponde con la de los cinco jueces anteriores que recepcionaron la denuncia y la desestimaron. Sin embargo, ante la necesidad del gobierno de ocultar los asesinatos llevados adelante por sus fuerzas de seguridad, el maltrato dispendiado a los familiares de los marinos desaparecidos en el submarino ARA San Juan o el rechazo popular que generan sus propuestas de reforma laboral y reforma previsional, las detenciones transmitidas en cadena nacional le permite a Mauricio Macri, correrse del centro de la escena.
Poco importa si “el estado de indefensión jurídica” se hace latente, como señalara el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat o se abre el camino a “una escalada de violencia” como advertía el juez de la CIDH Eugenio Zaffaroni, la guerra psicológica se gana en los medios de comunicación y en las redes sociales y allí se aboca el gobierno macrista, amo y señor de ambos terrenos, donde la censura y la persecución campan a sus anchas.
La expresidenta calificó a la denuncia “un despropósito” y denunció que lo que se busca es acallar las voces disidentes, ya que lo que pretenden hacerle a ella, es lo mismo que se está llevando adelante contra otros dirigentes sociales, sindicales y forma parte de un plan de extorsión que dirige el presidente Macri.