Segovia denunció que fue la legisladora Diana Pesantez, quien lo intentó contactar para que cambie su voto y apruebe la unificación de los juicios políticos contra los vocales del CPCCS.
Punto Noticias. Siguen las denuncias de ofrecimientos de cargos a cambio de votos, no solo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este jueves 8 de septiembre, el legislador Bruno Segovia denunció que le ofrecieron hasta un ministerio por su voto en la Comisión de Fiscalización.
Los ofrecimientos eran para que el voto de Segovia apoye la unificación de los dos juicios políticos contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La semana pasada, la Comisión aprobó, con cinco votos, tratar por separado estos procesos. El primero, contra cuatro de los siete consejeros: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Esupiñán y María Fernanda Rivadeneira por supuesto incumplimiento de funciones, y posteriormente se trate el segundo juicio contra los siete consejeros.
Segovia denunció que fue la legisladora del bloque oficialista, Diana Pesantez, quien lo intentó contactar para conversar con un funcionario de Gobierno, pero Segovia dice que se negó. Ante eso, relató, buscaron a Yaku Pérez, compañero de Segovia, para que lo persuada y cambie su votación. «Ninguno de nosotros aceptó esas ofertas que hicieron», aclaró Segovia.
🔴#ATENCIÓN | El legislador @brunosegovia denuncia que la asambleísta @DianaPesantezS ofreció ministerios y otras cosas para cambiar su voto y unificar el juicio político contra los consejeros del @CPCCS. pic.twitter.com/LTDiCEBsan
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 8, 2022
En la sesión de este jueves, la asambleísta Ana Belén Cordero (BAN) pidió la reconsideración de la votación que separo los juicios.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, se dio paso a la reconsideración y se tomó, nuevamente, votación para unificar los dos juicios. Finalmente, con cinco votos se aprobó la resolución para unificar los procesos contra los siete consejeros del CPCCS.
Quien cambió su voto fue el legislador denunciante, Bruno Segovia, quien en un principio votó para que se traten los juicios por separado, pero en la reconsideración, dijo, vota a favor de esa propuesta para que exista un proceso de fiscalización contra todos los del Consejo de Participación. Explicó que su voto no cambió por las presiones, sino por una posición política de «no permitir la toma de instituciones» de parte de ningún partido.
La Mesa Legislativa notificará a los consejeros del CPCCS del inicio del juicio político en su contra. El trámite tomará cerca de un mes antes de que pase al Pleno de la Asamblea y podría terminar con su censura y destitución.
Pedidos de juicio político
La Comisión tratará los pedidos de los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño, de Pachakutik, en contra de los consejeros Rivadeneira, Estupiñán, Bravo y Ulloa. Los cuatro son acusados de una presunta ausencia de transparencia en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
También se les imputa una supuesta arrogación de funciones por incluir en el orden del día de la sesión ordinaria No. 3 del Pleno del Consejo el debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
El segundo pedido fue presentado por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo en contra de los sietes consejeros(se incluye a David Rosero, Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida).
El incumplimiento tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, también por posibles irregularidades en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; y por conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo, César Córdova.