El Ministerio de Educación únicamente atiende al 31,3%, que son 6.480 personas, de las 20.695 PPL que lo necesitan.
Punto Noticias. De los casi 39.000 personas privadas de la libertad (PPL) en el país, el 53% requiere de atención educativa; es decir, 20.695 no han concluido el colegio. Así lo informó la ministra de Educación, María Brown.
De ese porcentaje, el 5% (que significa 1.945 PPL) no tienen ninguna instrucción educativa; el 1%, que son 389 PPL, requieren concluir la educación básica; mientras que el 47%, que son 18.291 reos, no han terminado el bachillerato. El Ministerio de Educación atiende al 31,3% de todo este universo, que son 6.480 PPL.
“Esto da cuenta que todavía hay una brecha muy grande y se busca incorporar a más PPL a los servicios educativos”, dijo la ministra.
En 30 de los 36 establecimientos penitenciarios se imparte el servicio de educación, con 262 docentes. En 15 Centros se da Alfabetización (hasta tercer grado), en 26 lugares se da post-alfabetización (hasta séptimo grado), en 29 Centros ofrecen educación básica superior y en bachillerato.
Dijo que la modalidad educativa para las personas privadas de la libertad es siempre presencial; es decir, no existen modalidades a distancia ni semipresenciales. “Son los operadores quienes se desplazan al Centro de Privación de Libertad (CPL) y de forma presencial imparten clases con un modelo de escolaridad inconclusa para jóvenes y adultos”, explicó.
Brown anunció que se han entregado títulos de bachiller a 82 PPL del Régimen Costa y se entregará a 236 del Régimen Sierra-Amazonía.
La oferta educativa que reciben los presos es fiscomisional, tras la firma de un convenio suscrito con la Conferencia Episcopal, en enero de 2015. La ministra alertó que existe deserción escolar, pero esto se da una vez que salen de los centro de reclusión.
Reclamó también que aulas tienen muchas falencias y se debe trabajar en la dotación de insumos para potenciar los procesos educativos.
En otro punto, la ministra anunció de la implementación de una intervención educativa con cuatro ejes: el de educación, sobre fortalecimiento de la educación formal; el laboral, para mejorar la empleabilidad una vez que salen del sistema penitenciario; el de formación docente para capacitar a los maestros en contención emocional; y el último eje es el administrativo, que plantea proceso de agilización de trámites.
La inversión para docentes es de $3,3 millones anuales; en entrega de material educativo es de $26.000 anuales y de $96.800 en entrega de kits y textos escolares.